Brasilia.

En medio de enfrentamientos entre partidarios y críticos del gobierno de Dilma Rousseff, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) entregó este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la mandataria, con una demanda que recoge acusaciones por maniobras contables, a las que suman supuestas exenciones impositivas ilegales en obras del Mundial de Futbol 2014.

El pedido de impeachment (juicio de destitución) fue presentado por el presidente de la OAB, Claudio Lamachia, quien debió sortear a un numeroso grupo de abogados que entre jaloneos intentó impedir la presentación de la demanda al grito de no habrá golpe de Estado, a lo que partidarios del impeachment respondían: fuera el PT (Partido de los Trabajadores), lo que llevó a la intervención de agentes de seguridad; no hubo reportes de detenidos.

La demanda de la OAB también hace alusión a la designación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro, para protegerlo –se presume– de acusaciones en la justicia.

Actualmente, un pedido de impeachment contra Rousseff presentado por dos juristas en octubre pasado es analizado por una comisión especial en la cámara baja, que deberá emitir un dictamen para ser votado en el pleno del órgano legislativo.

El primer pedido de juicio político se basa en el pedaleo fiscal, maniobras contables que se cree violan los principios de la ley de responsabilidad fiscal, lo que, según el gobierno, no constituye delito de la presidenta.

Aunque Lamachia dijo que el nuevo pedido contra Rousseff fue votado por 26 de las 27 filiales regionales de la OAB, entidad que integran casi un millón de abogados de todo el país, 140 adscritos a ese cuerpo pidieron en una carta abierta una consulta directa a los afiliados para saber cuál es su posición en este asunto, y calificaron la propuesta del consejo de error brutal.

Esa decisión, por su gravedad y consecuencias, que recuerda el error cometido por la Orden en 1964 (cuando apoyó el golpe militar), jamás podría haber sido tomada sin una amplia consulta a los abogados brasileños, señaló.

El canal GloboNews recordó que el mismo Lamachia fue recibido con aplausos por toda la clase política y el público en general en 1992, cuando presentó el pedido de apertura de juicio político que derivó en la caída del entonces presidente Fernando Collor de Mello, acusado de delitos de corrupción.

En este contexto, Rousseff se entrevistó con su ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, en un intento por que el funcionario, uno de los siete miembros de su gabinete procedentes del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), se mantenga alineado a su gobierno, de cara a la decisiva reunión que este martes tendrá la formación para decidir si se mantiene o no en el Ejecutivo.

Más aún, el ex gobernante Luiz Inacio Lula da Silva informó que viajará a Brasilia a buscar apoyos del PMDB, partido al que pertenece el vicepresidente Michel Temer, al resaltar que es posible un gobierno de coalición entre el Partido de los Trabajadores y parte del PMDB, más allá de las posiciones de su dirección.

Lula recordó que en su primer mandato, en 2003, obtuvo el apoyo sólo de parte del PMDB, pero que fue suficiente para gobernar, lo que podría repetirse.

En una reunión con corresponsales extranjeros, Lula se refirió también al juez Sergio Moro, responsable de la Operación Lavado Rápido, que investiga una red de corrupción en la estatal Petrobras, quien divulgó hace 10 días una serie de escuchas telefónicas del ex mandatario, incluyendo conversaciones con Rousseff.

Para Lula, Moro es inteligente y competente, pero fue picado por la mosca azul (el poder). Al aludir a la divulgación de las escuchas, cuestionada incluso por miembros del Supremo Tribunal Federal, el ex presidente dijo que era algo deprimente, pobre y de mala fe.

Lula culpó a la oposición y a medios de comunicación por generar odio durante protestas contra el gobierno. Están llevando a Brasil al mismo clima de Venezuela, dijo, refiriéndose a la polarización de su vecino del norte.