Morelia, Mich.

De enero de 2014 a la fecha se han presentado 200 quejas por tortura en Michoacán, 120 (60 por ciento) contra elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y de las fuerzas Rural y Ciudadana, adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El organismo precisó que 94 quejas correspondieron a 2014; 100 a 2015, y seis en lo que va de 2016. En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), la CEDH recibió más de 200 quejas por tortura contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal, y sólo 40 contra agentes estatales.

De enero de 2014 a enero de 2015 se mantuvo al frente de la seguridad en Michoacán el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, quien designó a los titulares de la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales; los principales mandos continúan vigentes.

Aunque la PGJE ha promocionado supuestos avances en materia de seguridad –difundió que en 2014 había más de 6 mil averiguaciones rezagadas, y actualmente, dice, sólo quedan 2 mil–, la policía local ha sido cuestionada en materia de derechos humanos y se han denunciado delitos fabricados contra personas inocentes.

Es el caso del joven ingeniero Noel Uriel Pérez Rivera, quien salía de trabajar de Lázaro Cárdenas cuando lo detuvieron en la salida a Morelia para acusarlo, sin pruebas de por medio, del asesinato del almirante de ese puerto José Luis Corro Chávez, en marzo de 2015.

En enero de 2015 dejó el cargo Castillo Cervantes, pero la estructura policial que formó durante su gestión permanece intacta.

En cuanto a las quejas por violaciones a los derechos humanos en general (abusos de autoridad, arrestos, lesiones, integración equivocada de averiguaciones previas, etcétera), la CEDH reportó que de 2014 a la fecha se acumularon mil 123 quejas, 60 por ciento contra policías ministeriales y de las fuerzas Rural y Ciudadana, entre otras.

La comisón destacó que han proliferado los cuerpos policiacos en la entidad –conocidos como Fuerza Rural, Fuerza Ciudadana, mando único, Policía de Proximidad, Policía Rural y otras– que sólo confunden y crean desconcierto entre la sociedad, porque las personas suelen ser víctimas de abuso y no saben qué corporación es la responsable.

Esto, subrayó, coloca a los individuos en estado de indefensión e incertidumbre al no poder identificar a los policías o servidores públicos encargados de la seguridad pública.

El titular de la CEDH, Víctor Serrato Lozano, ha señalado que ante la falta de tipificación de la tortura como delito, el Congreso de Michoacán deberá tomar las medidas legislativas pertinentes para evitar vacíos legales que generen impunidad en la entidad.

Agregó que la CEDH ha emitido varias recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y a la PGJE, y solicitado iniciar procesos administrativos contra servidores públicos, así como la reparación del daño e indemnizaciones.