Un nuevo obstáculo impide que en el estado de México y en Morelos se aplique la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para frenar la ola de feminicidios: los alcaldes que asumieron el cargo en enero. Su excusa es que apenas están en el puesto y la anterior administración es la que debió actuar o que desconocen el tema. Pero poco después de junio, cuando fueron electos, se activó esa medida. Tuvieron al menos cinco meses para enterarse.

Y en Jalisco, la tercera entidad del país donde se emitió la emergencia, simplemente hay una política de ocurrencia con la que será difícil lograr resultados, sostuvo en entrevista Gabriela Juárez Piña, del Observatorio de Feminicidio en ese estado.

La novatez y la apatía se suman a la escasa investigación y a la reticencia de agentes ministeriales, fiscalías y jueces por trabajar con perspectiva de género, coincidieron Julia Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), y Yuritzi Hernández de la Rosa, del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, la Desaparición y el Feminicidio del estado de México (Ocmexfem).

En esta entidad van 51 feminicidios tan sólo este año, de acuerdo con el Ocmexfem. En Jalisco, de 2012 a la fecha se han cometido 589; 25 en lo que va de 2016, según el observatorio. La CIDHM identificó 37 desde que se declaró la AVGM en agosto de 2015 y hasta el 10 de febrero. Una cifra muy alta si tomamos en cuenta que con la alerta debió aumentar la seguridad, apuntó Julia Quintanilla.

La AVGM es un mecanismo que el gobierno federal creó para atender la violencia contra las mujeres. Se declara cuando existe una situación grave de agresiones y se dictan disposiciones de emergencia para prevenirlas y eliminarlas.

El estado de México fue el primero donde la Secretaría de Gobernación (SG) la decretó sólo para 11 municipios, el 31 de julio pasado. Un mes después lo hizo en ocho localidades de Morelos. El 8 de febrero de este año el go­bernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no se esperó a que la SG lo decidiera y la promulgó para ocho ayuntamientos.

En Morelos, tras siete meses de la medida, la situación no ha cambiado. Siguen matándolas, desapareciéndolas, refutó Quintanilla. Así que el pasado martes la CIDHM envió una carta a ocho ediles en cuyos municipios está vigente la alerta, incluyendo Cuernavaca. Les solicita información sobre las acciones de seguridad y prevención que han emprendido, cuánto presupuesto se dispone para ello y un reporte de la situación.

En el estado de México sucede lo mismo. Los nuevos presidentes municipales no tienen idea de cómo trabajar, piensan que todo lo debe hacer la procuraduría estatal. Pero ellos tienen gran responsabilidad, sobre todo en la prevención, explicó Hernández de la Rosa.

Además hay actitud negligente de los gobiernos estatales, añadió Quintanilla. En Morelos, Graco Ramírez no ha puesto verdadero empeño, denunció. Y el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, debe recalcar a los munícipes que es un tema prioritario y luego coordinarlos, señaló Hernández.

Las matan sus novios o esposos, incluso los aspirantes a eso, los desconocidos y los narcotraficantes. El único patrón presente en los feminicidios es la impunidad, la libertad de agredir a una mujer porque nada pasará, concluye la activista Yuritzi Hernández. Para muestra: de los 589 cometidos en Jalisco sólo se han dictado dos sentencias. En el estado de México de 2011 a 2013 se perpetraron 840 y sólo 145 han sido investigados.

En Morelos la mayoría de los asesinos son familiares o compañeros de trabajo, reveló Quintanilla. Sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez simula que tienen que ver con el narcotráfico, así se deslinda de varias maneras.

No le competería indagar, sino a las autoridades federales, pero éstas lo desdeñan como sólo un ajuste de cuentas. Los vecinos creen esa versión y no se solidarizan con las víctimas.

Sobre las desaparecidas, lamenta Hernández de la Rosa, no podemos saber sin son para explotación sexual, porque ni siquiera hay líneas de investigación. Pueden estar donde sea o aparecer muertas después.

En Jalisco sí tienen indicio, pues ese estado es sede de trata, proveedor y lugar de tránsito, de acuerdo con el Reporte de Tráfico de Personas (TIP, por sus siglas en inglés). Aquí, algunos feminicidios los cometen familiares. Pero hay otro tipo, que es equiparable al campo algodonero, porque las matan, las descuartizan, las meten en bolsas de plástico y las dejan en arbustos, deploró Juárez Piña.