A su llegada a México, María González, migrante hondureña de 19 años, fue detenida ilegalmente y agredida física y verbalmente por policías del estado de México, quienes la acusaron de vender droga. Los hechos ocurrieron el 27 de agosto del año pasado.

Después de varios días en la cárcel, un juez comprobó los abusos, la puso en libertad y ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) entrevistar a la extranjera, como lo marca la ley en la materia, para determinar su calidad de víctima del delito. Esta situación le permitiría permanecer en México legalmente en tanto concluye el proceso y se repara el daño.

Lo que parecía un paso directo para obtener este reconocimiento se convirtió en un entramado judicial y de revictimización: María fue trasladada a una estación migratoria, donde permaneció casi tres meses, indicó Daniela Gutiérrez, abogada de la joven, de la organización civil Sin Fronteras.

El juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal del entonces Distrito Federal, Alberto Díaz, emitió la sentencia inicial el 22 de octubre de 2015; casi tres meses después el juez advirtió que el INM no cumplió con el fallo protector hacia González.

Lo anterior, pese a que los agentes policiales del estado de México la subieron a un automóvil particular; le aplicaron descargas eléctricas en cabeza y piernas para luego llevarla al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautiltán Izcalli; ahí la ingresaron como presunta narcomenudista.

A pesar de lo anterior, dijo la abogada, el jefe de la estación migratoria expresó que no era procedente reconocerle la calidad de víctima del delito; acorde con la defensora, María no aportó las pruebas necesarias que acreditara la verdad de su dicho.

El juez determinó que la autoridad migratoria no cumplió debidamente con el fallo protector.

Consultado al respecto, durante la semana que concluye, el INM aseveró que ya emitió un documento de regularización para la extranjera, pero los involucrados no se han presentado ante la autoridad para recibir la notificación.

El INM ratifica que ha dado puntual atención y seguimiento a cada uno de los casos de extranjeros que no acreditan su regular estancia en territorio mexicano, siempre en apego a las atribuciones que la Ley de Migración confiere, señaló.

Posteriormente se emitió una nueva resolución cumpliendo con todos los lineamientos de la sentencia al ser considerada víctima del delito en territorio nacional.

Hasta este momento el juez de amparo no ha emitido acuerdo alguno al cumplimiento remitido por el INM ni la extranjera o su representante legal se ha presentado ante la autoridad migratoria a darse por notificada.

Las abogadas de María reiteraron, el mismo día en que este diario recibió la respuesta del INM, que el organismo no ha cumplido.

“Desde la experiencia de Sin Fronteras, esta no es la primera vez que tenemos qué recurrir al Poder Judicial para que las autoridades migratorias cumplan con las obligaciones que marca la ley.

Tampoco es la primera vez que las autoridades migratorias incumplen con una sentencia judicial y se tiene que ir a un segundo requerimiento; así ocurrió con el caso de María y ahora esperamos a ver con qué joya nos van a responder en el instituto, señaló la abogada Gutiérrez.

La joven hondureña se encuentra actualmente fuera de la estación migratoria, con el apoyo de Sin Fronteras, bajo la figura de libertad bajo custodia de su representación consular.