Brasilia.

El ejército de Brasil refrendó ayer su voluntad de respaldar al gobierno brasileño de la presidenta Dilma Rousseff, al señalar que actuará de acuerdo con la Constitución para garantizar la estabilidad, en momentos en que el Congreso evalúa un juicio para destituir a la mandataria.

El general Eduardo Vilas Boas aseguró: Cualquier actitud nuestra será absolutamente respaldada por lo establecido en los ordenamietos legales, desde la Constitución hasta las leyes complementarias, y siempre condicionada al accionar de uno de los poderes de la república, en este caso la presidencia, en declaraciones difundidas en YouTube en el programa Comandante responde.

Vilas Boas citó el artículo 142 de la Constitución, el cual señala que las fuerzas armadas operan bajo la autoridad suprema del presidente. Vamos a contribuir en el mantenimiento de la estabilidad para que las instituciones busquen una salida a esta crisis económica, política, ética y moral, subrayó.

Rousseff, relecta en 2014 para un segundo mandato, enfrenta protestas en las que exigen su renuncia, en medio de un escándalo de corrupción en la estatal Petrobras que ha salpicado a empresarios y políticos, varios miembros de su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y a su mentor y antecesor Luiz Inacio Lula da Silva.

El caso ha golpeado aún más a un país hundido en una recesión económica, mientras una comisión de la Cámara de Diputados evalúa un pedido para destituir a Rousseff por supuestamente haber maquillado las cuentas públicas, que sus defensores consideran pretexto para deponerla.

Rousseff ha advertido que cualquier intento por sacarla del poder al margen de las urnas sería “un golpe de Estado.

No estoy comparando la situación con los golpes militares del pasado, pero sería una ruptura del orden democrático en Brasil, expresó la mandataria a periódicos internacionales.

A los 22 años de edad, durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985), Rousseff fue condenada a prisión por pertenecer a un grupo armado clandestino que se oponía al régimen.

En las protestas opositoras pocos manifestantes piden incluso una intervención castrense.

El ejército es una institución del Estado y en los momentos de crisis las instituciones sólidas se vuelven referencia para la sociedad y a ella miran y aguardan actitudes que señalen cómo salir de la crisis, enfatizó Vilas Boas.

A diferencia de otros países sudamericanos, que también sufrieron dictaduras militares en los años 70 y 80, Brasil no ha condenado a ex agentes debido a una ley de amnistía de 1979.

Los abogados de Da Silva remitieron la noche del jueves un documento al Tribunal Supremo Federal (TSF), en el cual pidieron a sus integrantes la ratificación de su cargo como nuevo ministro de la presidencia de Brasil, es decir, jefe de ministros del gobierno de Rousseff.

El nombramiento del líder histórico del PT fue suspendido temporalmente por decisión del magistrado del TSF Gilmar Mendes, al señalar que un político investigado por la justicia federal no debería asumir un cargo que le garantiza un foro privilegiado y, por tanto, blindaje de cara a las investigaciones. Lula es acusado de ocultar bienes y estar involucrado en el escándalo de Petrobras.

Sin embargo, la defensa del ex mandatario desmintió esas suposiciones señalando que Da Silva únicamente optó por aceptar la oferta de Rousseff para ayudar al país y la presidenta en la reactivación del desarrollo social y económico, y que no existe fundamento alguno para impedir el desempeño de las funciones de ministro de presidencia.

Otro argumento expuesto en el escrito es que esa decisión habría dependido del magistrado del TSF Teori Zavascki, quien se encarga de las investigaciones referentes a la operación Lavado rápido en la Corte Suprema, que en días recientes recibió el apoyo de la Asociación de Jueces Federales, debido a las presiones sufridas para inhabilitar el cargo de Lula.