La aplicación del nuevo sistema de justicia penal representará la salida de los centros de reclusión de entre 20 y 30 mil internos, según las estimaciones de la Secretaría de Gobernación (SG).

Esta previsión significaría dejar en libertad a alrededor de 10 por ciento de la población penitenciaria nacional, que en 2015 era de 260 mil internos, 95 por ciento hombres y 5 por ciento mujeres.

Alberto Begné, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, dijo que el número exacto de personas puestas en libertad dependerá de los procesos penales que se llevan a escalas federal o local, dentro del nuevo marco legal, para permitir a algunos continuar su proceso en libertad, cuando no sean delitos graves, e igualmente nuevas condiciones para sentenciados que podrían beneficiarse de la modalidad del sistema.

Esos procesos van a llevar tiempo, pero en una primera estimación podríamos pensar que alrededor de 20 mil o 30 mil personas adultas puedan obtener su libertad, dijo a La Jornada.

De manera especial se trabajará también para atender a infractores jóvenes a fin de evitar su reincidencia. Lo que nos toca (en la SG) es atender a este objetivo prioritario, desde el punto de vista de la prevención. Nos toca articular los esfuerzos institucionales para recibir a estas personas, señaló.

El año pasado, sólo la mitad de personas privadas de su libertad tenía sentencia.

De acuerdo con investigaciones académicas basadas en cifras oficiales, 40 por ciento de las personas sujetas a prisión preventiva podrían estar en libertad.

Elena Azaola, doctora en antropología social y especialista en criminalidad e instituciones carcelarias, señala que casi 60 por ciento de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores.

En el estudio Situación de las prisiones en América Latina (Azaola, Ciesas 2015) advierte que la gran mayoría de las personas que se encuentran en prisión han cometido delitos menores.

En México, precisa, 620 mil personas fueron detenidas en operativos contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, cerca de 500 mil (80 por ciento) fueron liberadas por falta de pruebas o bajo fianza.

En la década reciente el grupo de varones en esta situación subió 40 por ciento y la de mujeres se duplicó.

Para el grupo de beneficiarios de los cambios aplicados bajo el parámetro del nuevo sistema de justicia (identificado como de juicios orales) se prepara un plan especial que incluirá definición de perfiles y alternativas para la reinserción social, particularmente para atender su situación familiar, problemas de adicciones y desempleo.

Una parte de este trabajo corresponderá a la SG, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), cuyo objetivo es dar una respuesta a este problema con alternativas más allá del uso de la fuerza.

En 2016, el programa, ante nuevo recorte presupuestal, intentará fortalecerse por tres vías.

En principio se plantea una nueva evaluación y diagnóstico de las zonas en las que se aplica; fortalecer la coordinación entre dependencias públicas y, sobre todo, pedir el apoyo de universidades y de la iniciativa privada.

Al momento, el programa atiende sólo a poblaciones con mayor nivel de violencia e incidencia de delitos en las que viven 5 millones de mexicanos, esto es, 4 por ciento de la población total.

La finalidad es hacer intervenciones más precisas en las 90 demarcaciones y 240 polígonos.

El subsecretario Begné dijo que la única forma sostenible de disminuir la violencia y la delincuencia es atendiendo las causas de ello. El gran reto, dijo, es convertir el programa en una política pública que trascienda un sexenio.