La media noche de este viernes concluirá el plazo fijado a la diputada local por el PAN en Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López para entregar en la Cámara de Diputados los argumentos que desvanezcan los señalamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), en torno a su probable relación con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

A la legisladora se le acusa de delitos no graves, por uso de credencial oficial y acta de nacimiento apócrifas utilizadas para ingresar al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Una vez que se instaure el proceso de desafuero en la sección instructora del órgano legislativo y los diputados acepten retirar la protección constitucional, el juez de distrito de la causa recibiría las pruebas del Ministerio Público y, probablemente, le reservaría una celda en una prisión federal –por un delito no grave– que podría ser la de Hermosillo, en el mismo Altiplano, Puente Grande dos o el de Nayarit.

Así, la diputada Sánchez López no perdería el cargo de diputada local, pero sí la protección que hasta hoy le otorga el fuero constitucional.

El procedimiento emprendido por la PGR para inculpar a la lagisladora panista se inició desde la presentación de cargos, por los cuales se funda y motiva el retiro del fuero.

La respuesta de Lucero Guadalupe Sánchez tendrá que obsequiarse antes de concluir este viernes, en la sección instructora de la Cámara de Diputados, en el palacio legislativo de San Lázaro.

Sus argumentos de desvanecimiento de las pruebas aportadas por la PGR deberán controvertir la acusación que quiere someterla a proceso juridico penal. Se le implica en la comisión de un delito no grave por el uso de documentos de identificación oficial falsos.

La sección instructora, una vez que tenga las puebas de la PGR y el alegato de desvanecimiento de las mismas presentado por la diputada panista, elaborará un dictamen y lo entregará a la presidencia cameral, instancia de gobierno que lo someterá al pleno en la segunda semana de abril.

Si la mayoría de dos terceras partes de los diputados presentes votara en favor del desafuero, la protección le será retirada, pero conservará el cargo.

En consecuencia, un juez de distrito obsequiaría al Ministerio Público una orden de aprehensión contra Lucero Guadalupe Sánchez. Ella tendrá entonces 72 horas –que podrá alargar a 144– para aportar más datos en su defensa.

En medio de esas circunstancias, y una vez juzgada, sería enviada a una prisión federal.