En un manifiesto titulado Por la vida y en defensa de nuestros territorios, medio centenar de colectivos de la sociedad civil y de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, así como de la pastoral social de varias diócesis del país, rechazan la instalación de confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí, y de General Escobedo, en el estado de Coahuila.

Acompañado también por medio millar de firmas, entre ellas casi un centenar de reconocidos intelectuales, académicos, artistas plásticos, investigadores, escritores, actores y abogados, entre otros, el manifiesto denuncia que la imposición de un confinamiento de este tipo de residuos a campesinos y ganaderos en pequeño –que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad–, es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano.

Tras señalar que la gran cantidad de desechos industriales es uno de los más graves problemas del planeta, aseguran que en México, con la complicidad de las autoridades, 75 por ciento de esos venenos se desecha sin control en ríos, barrancas y basureros al aire libre.

El gobierno no ha querido crear una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan. Los confinamientos están mal reglamentados, por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos, dice la declaración a la opinión pública.

Citan que de manera directa las empresas Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula en San Luis Potosí, y de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila, son quienes como estrategia para imponer sus proyectos han recurrido al engaño, amenazas, desprecio, siembra de divisiones y confusión en las comunidades, falta de transparencia, corrupción y complicidad con funcionarios, autoridades e instituciones del Estado.

Ambos corporativos pretenden trasladar cientos de miles de toneladas de basura tóxica y peligrosa a esos municipios rurales, sometiendo a sus habitantes, durante 30 años, a los riesgos de esa actividad y obligándolos a convivir para siempre con cientos de miles de metros cúbicos de desechos.

Las organizaciones y el grupo de personas firmantes señalaron que la defensa de sus propiedades, que encabezan el Comité en Defensa del Territorio en San Luis Potosí, y el Colectivo Sí a la Vida, en Coahuila, es nuestra casa común. Es la misma batalla no violenta por la vida y la dignidad que libran la Tribu Yaqui, los campesinos de Atenco, o los nahuas, totonakus y mestizos de la Sierra Norte de Puebla, por citar unos ejemplos.

Entre las organizaciones firmantes están Fundar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Pro San Luis Ecológico, Pastoral Social de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Frente de Pueblos del Anáhuac.

En la larga lista de personalidades que suscriben el manifiesto están, entre otros, Elena Poniatowska, Ezequiel Ezcurra, Alfredo López Austin, Francisco Toledo, Pablo Ortiz Monasterio, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Jesús González Schmal, Benito Taibo, Laura Esquivel, Armando Bartra, Elvira Concheiro, Félix Hernández Gamundi, José del Val y Víctor Suárez.