Xalapa, Ver.

La tarde del 2 de agosto de 2013 unos 10 vehículos, presuntamente de la policía estatal, con las matrículas cubiertas –sólo fueron identificadas las unidades 0812, 1420 y 1154– entraron a Potrero Nuevo, municipio de Actopan, en la zona central de Veracruz, recorrieron calles y se llevaron a 20 personas, incluidos mujeres, ancianos y menores, quienes siguen desaparecidos.

A principios de 2016, tras darse a conocer el caso de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a manos de policías del estado, los familiares de los plagiados en Potrero Nuevo exigieron a las autoridades reiniciar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado recibió denuncias de los familiares de 14 desaparecidos y abrió 11 carpetas de investigación.

Posteriormente interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de la República, que ofreció recompensas por información sobre algunos de los ausentes.

Los 14 identificados hasta ahora son: Ricardo Illescas Ramírez, Eduardo Alberto Ramos Tecalco, Emma Guadalupe Pérez Arroyo, Eduardo Barrios Gómez, Blanca Paula Gutiérrez Torres, Jairo Manuel Flores Donado, Kevin Malone Pantiga Hernández, María Inés Sánchez Arias, Margarito Martínez Peña y su hermano Juan Carlos, de 14 años.

Asimismo, Marco Antonio Fernández Flores, de 16 años de edad; Diego Jair Valerio García, de 17; María Isabel Mirón Gutiérrez, quien estaba embarazada, y Luz del Carmen Arias Rodríguez, de 75 años.

Los familiares de los demás no interpusieron denuncias por temor a represalias.

Ante el crimen, impunidad; ante la inconformidad, espionaje

En su momento, las familias hicieron denuncias públicas, realizaron plantones fuera de dependencias gubernamentales, buscaron audiencias con funcionarios y ofrecieron testimonios a los medios.

Ante la inutilidad de sus denuncias, algunos espaciaron sus visitas al Ministerio Público y dejaron de acudir a las reuniones con el resto de los familiares.

Este mes, los familiares de los 14 se reunieron en una vivienda. En torno a una mesa ovalada, cada uno relató cómo fueron sustraídos y los obstáculos que ha encontrado en su búsqueda.

Piden anonimato para proteger a sus familias. Cada vez que hablamos o damos una entrevista, ellos cocomienzan a seguirnos, dice uno. El resto asiente con la cabeza. Por ellos no se refieren sólo a los criminales, sino también a las autoridades estatales.

¿Por qué acosar a las familias de los desaparecidos? ¿Por qué sospechan de las autoridades? Uno de ellos plantea:

“En todos los casos hemos sido los familiares quienes hemos hecho las investigaciones, los que hemos aportado pruebas. Vamos y les decimos: ‘sabemos esto’. Después vamos para ver qué hicieron con la investigación y descubrimos que no hay nada”.

En el lugar de la reunión la puerta permanece cerrada y la pequeña ventana que da a la calle tiene la cortina corrida. Tres personas que han denunciado este año la desaparición de sus hijos detectaron a extraños fuera de sus casas y siguiéndolos en sus actividades cotidianas.

Uno de los inconformes dice que el acoso es mayor cuando en la desaparición están involucrados policías. Muchas familias acosadas están indefensas. El Estado, señalan, no puede protegerlas porque está implicado.

El colectivo Solecito Córdoba considera que estas familias pueden llegar a ser incómodas para las autoridades, porque exhiben en los medios de comunicación lo que ocurre en la entidad.

A principios de marzo la organización denunció que Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo en Córdoba, era acosada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Responsabilizó a las autoridades del estado de cualquier acción que atente contra su integridad y la de los familiares de los demás desaparecidos.