En el campo mexicano la diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer es de 29 por ciento. De por sí los trabajadores rurales perciben poco, pero ellas reciben aún menos a pesar de que, junto con sus hijos, siembran más de la sexta parte de los productos básicos que se consumen en el país, afirmó Rocío Miranda Pérez, presidenta de la organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).

La feminización rural en realidad significa mayor empobrecimiento, pues los salarios son infrahumanos, indicó en entrevista. Las regiones agrícolas del Valle de Mexicali, Ensenada y San Quintín, en Baja California, así como otras áreas de Sinaloa y la zafra en Morelos, son ejemplo claro de la explotación de mujeres en ese sector de la economía, afirmó.

A escala federal sólo hay dos programas diseñados exclusivamente para las campesinas, señaló Miranda Pérez. Uno de ellos es el de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete), que lo administra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al que este año le destinó mil 100 millones de pesos.

El otro está en la Secretaría de Economía y es el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. El resto se trata de esquemas que apoyan a ambos sexos o a la familia. Pero eso no ayuda a la democracia económica, porque para obtenerlos tienen que concursar con otros hombres que están en mejor condición de cubrir los requisitos. Hace falta presupuesto para las actividades que ellas realizan de milpa tradicional y de traspatio, demandó.