Xalapa, Ver.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de las comisiones de gobernación y justicia y puntos constitucionales del Congreso local, declararon ayer improcedente la demanda de juicio político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, presentada el 3 de marzo por el partido Acción Nacional (PAN).

De los seis miembros de las comisiones legislativas que analizaron la demanda de juicio político, cuatro votaron contra el procedimiento y dos a favor, lo que dio por concluido el proceso.

Al emitir su voto, los diputados del PRI y del PVEM argumentaron que la demanda es de índole electoral y que hay tiempo para aclarar las irregularidades por 35 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Cada diputado de ambas comisiones decidió libremente su voto, y la mayoría consideró que la denuncia de juicio político no fue sustentada en situaciones jurídicas o elementos que presumieran algún daño patrimonial, dijo el diputado del PVEM Eduardo Sánchez Macías, vocal de la comisión de gobernación.

En la demanda se menciona la simulación de reintegros por más de 4 mil 700 millones de pesos y la mala administración de más de 35 mil 400 millones de pesos, que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. También pedía que se fincaran responsabilidades por las violaciones a la Constitución por el desproporcionado incremento de la deuda pública estatal y la opacidad en la recaudación y el manejo de impuestos estatales.

Sin embargo, la demanda fue desechada en comisiones con los votos de los priístas Ciro Félix Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Marco Antonio del Ángel Arroyo, así como de Eduardo Sánchez Macías, del PVEM, quienes vencieron a los panistas Carlos Gabriel Fuentes Urrutia y Domingo Bahena Corbalá.

Desde la Cámara de Diputados federal, los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Morena observaron con escepticismo el proceso de juicio político iniciado en el Congreso local, y consideraron que la mayoría de los legisladores estatales veracruzanos han sido cooptados por Duarte de Ochoa.

Ambos partidos interpretaron la determinación del Congreso estatal como un acto mediático que buscaba desviar la atención del tema principal: el procedimiento que se inició contra Duarte en el Congreso federal.