El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al menos otros cinco acredores de Oceanografía impugnaron el convenio con el que se pretende restructurar la deuda de la naviera, por lo que el final de su proceso de concurso mercantil tardará entre dos y tres meses más, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

En febrero pasado, el juez federal Felipe Consuelo Soto aprobó, por segunda vez, el convenio para la restructura de los pasivos de Oceanografía, que fue propuesto por el conciliador del concurso, José Antonio de Anda Turati.

La propuesta de convenio contó con apoyo de los dueños de más de 80 por ciento de la deuda, valuada en 14 mil millones de pesos.

Fundamentalmente lo que molestó al SAT fue el hecho de que un crédito fiscal de casi 18 mil millones de pesos fincado a Oceanografía no puede ser reconocido en el concurso mercantil de la empresa de servicios petroleros. Sin embargo, esa parte de la inconformidad ya fue resuelta por un tribunal colegiado, aunque están pendientes otras consideraciones que señaló el SAT en su escrito de inconformidad, como el hecho de no ser de los primeros en el listado de prelación de los acreedores.

Cuando el juez Consuelo Soto aceptó el convenio mencionó que se requiere financiamiento de emergencia para Oceanografía, y según las fuentes judiciales consultadas el monto requerido para evitar su quiebra es de unos 76 millones de dólares de capital fresco.

También se habla de nuevos inversionistas que aportarían dichos recursos, pero el juez no aclaró al aceptar el convenio si ya existe un grupo seriamente interesado, o si es una cuestión hipotética, como sucedió con el anterior convenio, que nunca se pudo concretar.

Fernando Martínez de Velasco, abogado de Oceanografía, ha declarado en entrevistas que con esta sentencia de convenio, que ahora fue impugnada por el SAT, podrán hacer una propuesta para que los acreedores dejen de exigirle pagos y en el mismo monto tener un beneficio fiscal.

Vamos a proponer a los acreedores que nos autoricen una quita de nuestro crédito, lo cual les redunda en beneficio porque las vivienderas llegaron a dar hasta 93 por ciento de descuento, y en esa misma proporción se vieron beneficiados porque fiscalmente puedes matar ese tema, expuso.