En México, los delitos de carácter patrimonial (robos, fraudes, defraudaciones fiscales, violación a la Ley de Instituciones de Crédito, delitos bursátiles y financieros, entre otros), conocidos como de cuello blanco, además de aquellos que se vinculan con la delincuencia organizada (como secuestro), se han convertido en los juicios más largos y difíciles de litigar para la Procuraduría General de a República (PGR) en la historia reciente.

Israel Vallarta Cisneros, acusado de encabezar la banda de secuestradores Los Zodiaco, a la que también fue ligada Florence Cassez, lleva 124 meses en prisión y la PGR no ha logrado una condena definitiva en su contra ni siquiera de primera instancia.

Uno de los casos de delitos de cuello blanco más longevos en México fue el del ex director de Aeroméxico Gerardo de Prevoisin, quien recibió sentencia de primera instancia 15 años después de que se le abrió un proceso penal por un fraude de 72 millones de dólares.

El problema para los procesados viene cuando están sujetos a prisión preventiva, la cual opera en automático debido a la gravedad de las conductas desplegadas, o a que los ilícitos que se les imputan están contemplados dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que no permite liberad provisional bajo fianza.

Jesús Alejandro Rivera Jaimes, abogado con más de dos décadas de experiencia en litigios penales, asegura que muchos de sus colegas prefieren desahogar demasiadas pruebas documentales, periciales o testimoniales, muchas de las cuales resultan inútiles en los juicios, pues son redundantes o no van encaminadas a demostrar la inocencia de los imputados, lo que implica que se prolonguen las audiencias y que se retrase el cierre del juicio.

El de Carlos Cabal Peniche fue otro caso de largos años de juicio. En 2007 quedó absuelto de un fraude fiscal de 173 millones de pesos, en una acusación que se inició en 1994. Jorge Lankenau cumplió más de una década sin tener una sola sentencia de primera instancia, a pesar de que enfrentó tres procesos penales abiertos.

Raúl Salinas de Gortari tuvo abierto desde abril de 1996 un proceso por un enriquecimiento ilícito de más de 161 millones de pesos y fue en 2014 cuando concluyó su asunto con una sentencia absolutoria.

Un caso similar fue el del ex banquero Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, que en abril del 2004 quedó libre de todos los cargos en su contra luego de ocho años de litigio en los que nunca fue declarado culpable o inocente de uno solo de los delitos que se le imputaron.