ntes que importante o relevante, notorio es lo evidente, lo innegable, lo que no admite dudas, aunque a veces se consiga lo opuesto. Y notario público es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe conforme a las leyes, revistiéndolos de solemnidad y formas legales, si bien tampoco están exentos de confundir la forma con el fondo y la solemnidad con el ridículo, como ocurre al grueso de las actividades actuales en este aturdido pero pretencioso país.

Como ha sido costumbre aún poco fructífera, el pasado 9 de marzo dio inicio la cuarta campaña anual Marzo, Mes de la Voluntad Anticipada, a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Colegio de Notarios del Distrito Federal (CNDF), mancuerna que hasta ahora ha obtenido más resultados mediáticos que efectivos, habida cuenta de que del 4 de abril de 2008, cuando se publicó el reglamento respectivo, a la fecha, apenas 6 mil 400 personas residentes en la capital han suscrito el documento de voluntad anticipada, es decir, un modestísimo promedio de 800 por año, en una ciudad, sin contar la zona conurbada, de 9 millones de habitantes, lo que equivale a menos de 0.01 por ciento.

Sin embargo, el triunfalismo de la Secretaría de Salud capitalina y del Colegio de Notarios no conoce límite y han preferido alardear de una mancuerna a todas luces ineficiente, por bien intencionada que parezca, a procurar aterrizar, con sensibilidad social y elemental capacidad de coordinación, su dichoso Mes de la Voluntad Anticipada, que promete reducir el costo del trámite a mil 200 pesos a la población en general y a 400 pesos a las personas de la tercera edad, aunque sólo en la Ciudad de México, pues en otros estados la gente paga mucho más, ante la indiferencia de la Secretaría de Salud y del notariado nacional.

¿Por qué de los 250 notarios en la capital sólo unos cuantos ofrecen los descuentos anunciados? ¿Por qué la reducción del costo del trámite no ha incidido en mayor demanda? ¿De qué información dispone el público el resto del año sobre la conveniente decisión de solicitar una muerte digna sin obstinaciones de parientes ni médicos? ¿Alguien cree realmente en el beneficio humano, emocional y económico que entraña este documento? Entonces, menos notoriedad y un espíritu de servicio más eficiente y generalizado. Informes: 5132-0909 y 5511-1819.

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