Lunes 21 de marzo de 2016, p. 21
Río de Janeiro.
La comisión conformada por 65 diputados, los cuales deberán dictaminar si la presidenta Dilma Rousseff es sometida a un impeachment (juicio de destitución) comenzó sus trabajos fuertemente dividida, con ventaja de solamente un voto para los partidarios de que la gobernante izquierdista sea procesada, de acuerdo con una encuesta publicada por el periódico O Dia.
De acuerdo con ese sondeo, realizado por la consultora Arko Advice, 32 integrantes de esa comisión apoyan el impeachment, 31 lo rechazan y dos permanecen indecisos.
El estudio fue realizado el jueves pasado, cuando la comisión legislativa acababa de ser integrada para evaluar si hay motivos suficientes para enjuiciar a Rousseff por la presunta manipulación de las cuentas públicas.
Una recomendación favorable a un juicio de destitución debe ser aprobada por los dos tercios de la Cámara de Diputados (342 de 513 legisladores) y, si ello ocurre, debe ser ratificada por mayoría simple en el Senado (de 81 escaños).
En ese caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días.
Su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votara al cabo de todo el proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores).
Instituto denuncia campaña de intimidación contra Lula
A su vez, el Instituto Lula denunció una campaña de intimidación
judicial y mediática contra el ex presidente, investigado por corrupción, y junto con sus abogados solicitó que la Suprema Corte anule el bloqueo de su nombramiento ministerial.
Lula Da Silva no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido a una verdadera invasión (de su vida privada) y a intimidaciones en los últimos meses
, dijo el instituto.
Informó que solicitó al presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, que deje sin efecto la decisión de otro juez de ese tribunal, el cual impide al ex mandatario brasileño asumir el cargo de jefe de gabinete de Rousseff, el cual devolvió las investigaciones sobre Lula al juez de primera instancia Sergio Moro, responsabilizado por el instituto de gran parte de los abusos denunciados.