Exactamente hace seis años, efectivos del Ejército Mexicano abatieron a las puertas de su escuela en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, dos jóvenes estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). A la fecha nadie ha sido enjuiciado por esos homicidios.

En ese contexto, decenas de estudiantes, ex estudiantes y miembros de Amnistía Internacional capítulo México se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, y exigieron que cumpla su compromiso de consignar el expediente ante un juez federal y se sentencie a los responsables por la ejecución extrajudicial, así como por la subsecuente alteración de la escena del crimen.

Al cumplirse seis años de lo sucedido en Monterrey, los manifestantes proyectaron dos breves documentales que narran el caso y señalan la impunidad que lo ha rodeado, el primero de ellos se titula Identidad incautada; el segundo, Hasta los dientes.

La noche del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio y Javier Francisco –amigos inseparables– trabajaban en sus proyectos de investigación dentro de las instalaciones del ITESM, y decidieron salir de la escuela. Lo hicieron por la puerta que da al cruce de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del ITESM dan cuenta de la hora en que los estudiantes salieron juntos, caminando, y la manera en que instantes después uno de ellos entró corriendo: al abandonar el campus los dos jóvenes se encontraron en medio de un enfrentamiento entre miembros de la séptima Región Militar y presuntos integrantes del crimen organizado.

Jorge consiguió correr hacia la escuela, pero al darse cuenta de que su compañero se había quedado atrás, regresó por él. Nuestros compañeros dijeron a los militares que eran estudiantes y no sicarios, se les negó el derecho al debido proceso y se les privó de la vida, narraron los asistentes a la manifestación frente a la sede de la PGR.

Señalaron que “al día siguiente, los militares mintieron e informaron a los medios y al ITESM que habían abatido a dos sicarios, que descendieron de una camioneta negra.

A pesar de que se demostró que Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia, la Sedena no ha reconocido su error y ha mantenido desde entonces, la versión falsa que acusa a nuestros compañeros de ser miembros del crimen organizado.

Durante la protesta se informó que un militar fue juzgado por el delito de alteración de la escena del crimen, pero al final resultó absuelto. Nadie más ha sido llevado ante los tribunales, a pesar de la recomendación 45/2010 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los alumnos y ex alumnos del ITESM revelaron que en noviembre de 2015 la PGR se comprometió con las familias de ambos estudiantes a concluir la investigación y presentarla ante el Poder Judicial de la Federación antes del 19 de marzo de 2016. Sin embargo, la PGR les notificó después que la consignación se postergó de manera indefinida.

Además de la consignación del expediente, los familiares y compañeros de los estudiantes abatidos demandan a las autoridades “disculpas públicas de las autoridades y que reconozcan –principalmente la Sedena– que los dos jóvenes no tenían nexos con grupos delictivos, con el fin de limpiar sus nombres”.