La mayoría de PRI y PAN se impuso ayer de nueva cuenta en el Senado para aprobar las reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) a fin de flexibilizar ese esquema que, según expresaron en tribuna perredistas y petistas, profundiza la privatización de funciones sustantivas del Estado y facilita hacer negocios privados con recursos públicos.

La minuta se aprobó con 61 votos a favor y 19 en contra y se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.

Los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Manuel Bartlett advirtieron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, adujeron, la reforma es inconstitucional porque permite a los órganos reguladores del sector energético contratar APP.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador del PRI José Yunes, expuso que los 21 artículos de la ley de APP que se modifican tienen la finalidad de generar condiciones de transparencia en la aplicación de los contratos, hacer más expedita su operación y la disponibilidad de recursos presupuestales.

Yunes aclaró que no fue materia del dictamen establecer si los contratos con APP pueden considerarse deuda pública, aunque, a su juicio, al implicar obligaciones y compromisos fiscales a futuro que comprometen recursos, pudieran considerarse en esa acepción.

La senadora Padierna señaló que las APP son un instrumento perverso de endeudamiento público y advirtió que los cambios propuestos permiten que cualquier actividad a cargo del Estado, sea productiva o social, puede ser contratada por particulares que se llevan grandes ganancias.

El legislador Encinas resaltó que las inversiones con APP han propiciado actos de corrupción. Puso de ejemplo el del hospital de Altas Especialidades de Zumpango, en el estado de México, que costó más de 7 mil millones de pesos, mientras uno similar, pero con mayor capacidad, edificado en la delegación Álvaro Obregón, significó una erogación de 350 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México.

Es decir, con el costo del hospital de Especialidades de Zumpango pudieron haberse construido 20 hospitales similares al de Especialidades en la delegación Álvaro Obregón. Aludió también al Circuito Exterior Mexiquense, cuyo contrato original ha sufrido seis modificaciones que han permitido no sólo ampliar hasta 2051 la concesión, sino incrementar en 50 por ciento en términos reales las ganancias de la empresa OHL.

La senadora Padierna señaló que hay más de 100 ejemplos de por qué no funcionan las APP y no representan ningún beneficio a los ciudadanos. Mencionó la sustitución de alumbrado público en Rosarito, Baja California, mediante un contrato de Asociación Público Privada con la empresa CUC Light, que derivó en fraude a ese municipio, donde cada luminaria costó 50 mil pesos.

En contraparte, el senador del PAN Ernesto Cordero insistió en que las reformas propuestas son precisamente para transparentar ese tipo de contratos. Además, agregó, los ejemplos de los perredistas se refieren a gobiernos locales y la legislación es federal.

Mario Delgado, de la bancada del PRD, respondió que el problema son los abusos que se han cometido con las APP, la falta de transparencia. El problema es que no hay una legislación nacional que ponga orden en los estados y parece que se trata de un instrumento para la corrupción.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que esa ley que crea las APP no debería existir, porque tiene como fin que grandes empresas obtengan ganancias aseguradas a costa del Estado. Es un atraco más a México porque se apoderan de los servicios y tienen la garantía del Estado de nunca perder su inversión. Esta ley, estos contratos, son para echarle el guante al presupuesto nacional, insistió.