i bien no pocas veces se ha insistido a los presidentes municipales en que no se involucren con la delincuencia organizada y que denuncien en caso de ser blanco de extorsiones, la realidad exhibe que el apoyo oficial recibido por quienes se atreven a quejarse no les devuelve la tranquilidad ni les permite trabajar libremente.

El alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, había denunciado en los últimos meses del año pasado que estaba siendo extorsionado por criminales.

La Procuraduría General de la República le asignó escolta personal; más tarde se realizó una operación en la que participaron todas las fuerzas armadas; no obstante, alcaldes y representantes de la Tierra Caliente se aferran a la versión de que no hay resultados en el combate a la inseguridad.

Es más, han llegado a exigir la salida de la Policía Federal, acusándola de excederse con ciudadanos de bien.

Este miércoles Soto no resistió más. En un acto público, llorando, hizo pública su tragedia: Sigo siendo víctima de la delincuencia organizada.

El panorama de la inseguridad y la violencia, pese a operaciones y cambios de estrategias de combate, se mantiene inalterado.

Cientos, miles de soldados, marinos, gendarmes, policías federales, estatales y municipales patrullan las calles haciendo labor de prevención del delito y una vigilancia que la delincuencia burla fácilmente para perpetrar, día con día, asesinatos y secuestros.

Si hay trabajo de investigación, labores de inteligencia, no se sabe. Peor aún, no hay resultados reales.

En Acapulco, concretamente, la inseguridad ha arrebatado a las autoridades la bandera que con tanto orgullo venían ondeando: la franja turística está libre de sangre y violencia.

El gobierno no ha tenido más opción que admitir que la situación es muy grave, sin que ello, desde luego, mejore la situación.

Los empresarios reiterada e inútilmente se quejan de que, como Soto Duarte, son víctimas de la delincuencia, en tanto militares y policías se concretan a patrullar.