El gobierno federal pretende achicar la reforma constitucional en materia de corrupción, con un proyecto de ley secundaria que reduce los lineamientos en la materia definidos en la Carta Magna, denunció el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.

Advirtió que el anteproyecto que presentó el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador del PVEM Pablo Escudero, no es más que la propuesta del gobierno federal, en la que sólo se retomaron las sugerencias del PRI y el Verde.

Afirmó que dicho documento deja fuera puntos torales, como las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en el cobro ilegal de comisiones por tramitar partidas presupuestales, los llamados moches y el conflicto de intereses en que incurren legisladores que al mismo tiempo litigan asuntos particulares, muchas veces contra el Estado.

Sólo se enuncia la obligación de divulgar las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de los servidores públicos, cosignada en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución. No se incluye la regulación necesaria para que ello se cumpla y las declaraciones estén al alcance de los ciudadanos.

En la propuesta del gobierno, sigue siendo potestad del servidor público decidir si se hacen públicas sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Luis Humberto Fernández – quienes participan en el dictamen de esa reforma–, Barbosa resaltó que la propuesta gubernamental reduce los alcances constitucionales de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Todas sus facultades se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, a la que sólo cambian el nombre y queda como secretaría de control interno.

Por lo que se refiere a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, dijo, en la iniciativa del gobierno tratan de manera muy protectora a los funcionarios, ya que muchas de las conductas que deben ser consideradas faltas administrativas graves, no son tipificadas como tales, por lo que la competencia para imponer sanciones queda a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

Barbosa destacó que en el caso de la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el anteproyecto de dictamen dan la vuelta a la posibilidad de que investigue en tiempo real asuntos del mismo periodo fiscal aún no terminado.

Por lo que toca a la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), lo convierten en un juzgado donde se debe sustanciar todo el procedimiento, en lugar de que resuelva sólo expedientes que ya están sustanciados por la ASF o la secretaría de control interno. Es decir, le ponen una carga enorme.

Barbosa precisó que envió un oficio al senador Escudero para señalarle que el anteproyecto de leyes secundarias no puede ser el único que se dictamine, y le demandó que se tomen en cuenta las iniciativas de PRD y PAN.