El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que tiene más de 150 familiares trabajando en el gobierno del estado, pero aseguró que no comete ningún delito porque estaban en sus cargos antes de que él entrara en funciones.

Tengo más de 150 familiares que son maestros, yo soy de (el municipio de) Galeana, donde hay miles de maestros; la mayoría de ellos son familiares míos, son primos, parientes, cuñados, pero yo no contraté a nadie, explicó el gobernador.

Informó lo anterior en respuesta a una denuncia por nepotismo que el grupo Ciudadano Empoderado interpuso en su contra el lunes ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría estatal de Justicia, el cual señaló específicamente dos casos en los que se violenta la fracción 13 del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: el ascenso concedido a un primo en segundo grado y el ingreso de una sobrina a la nómina al inicio de su administración.

Respecto al ascenso de su primo, el doctor Roberto Rodríguez Bernal como director de control en la Secretaría de Salud al inicio de su administración, El Bronco dijo desconocer el tema y habló de su hermana Narcedalia Rodríguez, quien trabaja en la Secretaría de Educación.

Aseguró que Pedro Rodríguez, dirigente de la organización civil, lo ataca porque le negó ayuda para que familiares suyos mantuvieran puestos públicos.

En este contexto, el Congreso local aprobó las reformas constitucionales para crear el primer Sistema Estatal Anticorrupción del país, que incluye una Fiscalía Anticorrupción autónoma, obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su declaración tres de tres y establece sanciones a empresas, socios y representantes que participen en actos ilícitos.

También da a la Auditoría Superior del Estado la facultad de realizar sus revisiones en tiempo real y no cuando terminó la gestión a auditar, como sucede actualmente. El gobierno del estado cuenta con 30 días naturales para publicar estas reformas en el periódico del estado y convertirlas en ley.

El nuevo esquema dejará sin efecto a la actual Subprocuraduría estatal Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, ante lo cual el gobernador Jaime Rodríguez dijo que espera llegar a acuerdos con los legisladores para que se mantenga en operaciones la dependencia.