La sección instructora de la Cámara de Diputados notificará hoy a la diputada por el PAN al Congreso de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, que se ha iniciado un proceso para retirarle el fuero constitucional ante la solicitud presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Ricardo Ramírez Nieto (PRI), presidente de la sección instructora –que se instaló ayer–, refirió que el proceso de desafuero de la legisladora tiene un límite de 60 días hábiles y evaluó que, de aprobarse el dictamen respectivo, la cámara votaría el retiro de la inmunidad constitucional después de abril.

En entrevista explicó que si bien Sánchez López es diputada por Sinaloa, la cámara conoce de la solicitud de desafuero porque el delito que se le imputa es de carácter federal.

A la legisladora –llegó al Congreso sinaloense como candidata de una coalición encabezada por el PAN– se le atribuye el uso de documentos falsos para ingresar a la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, para reunirse con Guzmán Loera antes de que éste se fugara en julio de 2015.

Ramírez Nieto indicó que este miércoles se enviará formalmente la notificación a la diputada, incluso por correo certificado. ‘‘Será una doble notificación para que quede bien justificado y acreditado que a la legisladora se le da su derecho de garantía de audiencia’’, dijo. Una vez hecha la notificación, Sánchez López dispondrá de siete días hábiles para que comparezca personalmente o por escrito ante la sección instructora y manifestar lo que a su derecho convenga. Al término de ese periodo se abre uno más de 30 días hábiles para la revisión del expediente presentado por la PGR y los alegatos de la diputada antes de aprobar el dictamen.

El priísta explicó que la sección instructora presentará un dictamen de declaración o no de procedencia del retiro del fuero constitucional, figura que permite retirar la inmunidad constitucional de que gozan todos los legisladores, para que sea discutido por el pleno de la cámara.

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, planteó que el desafuero de la diputada panista se resolverá, por los términos legales, en junio. “No se trata de darle fast track, pero tampoco retrasarlo indebidamente’’, señaló.

Mientras, el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, anticipó que si no se acuerda una integración plural de la subcomisión de examen previo, encargada de determinar si proceden las solicitudes de juicio político, su bancada no participará en la instalación de esa instancia, prevista para mañana.

Explicó que el Partido Revolucionario Institucional preside las comisiones de Justicia y Gobernación, de las que se integra la subcomisión, y para darle equilibrio tendría que configurarse una integración con cuatro priístas, uno del PVEM, tres del PAN, dos del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno de Morena.

‘‘No podemos permitir que el PRI y sus aliados tengan mayoría; no tendría sentido cuando la subcomisión debe resolver solicitudes contra el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por exculpar a su jefe, y el gobernador de Veracruz (Javier Duarte), por su complicidad en hechos de delincuencia y el desvío de recursos’’, afirmó.