San Cristóbal de las Casas, Chis.

La organización de la sociedad civil Las Abejas, el Consejo Estatal del Nuevo Constituyente de Chiapas y otras agrupaciones indígenas, así como tres parroquias católicas, exigieron el regreso inmediato del ambientalista Gustavo Castro Soto, quien continuará 30 días más retenido en Honduras.

Aseguraron que el asesinato cobarde de la compañera indígena lenca Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), y el intento de homicidio de Gustavo Castro Soto no son una casualidad ni hechos aislados, sino la práctica de exterminio que ha impuesto el capital internacional con la complacencia de los gobiernos nacionales.

En una carta dirigida a los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de México, Enrique Peña Nieto, y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otras instancias, demandaron medidas de seguridad necesarias para proteger la vida de Castro Soto durante todo el proceso de ampliación de su declaración ministerial y su permanencia en Tegucigalpa.

Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria que pusieron sobre Gustavo Castro, para que pueda salir inmediatamente de ese país terminado este último proceso judicial requerido, sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida.

Asamblea en Simojovel

La carta fue firmada por comunidades de los pueblos indígenas tzotzil, tzeltal y ch’ol, durante una asamblea regional realizada en el ejido La Ilusión, municipio de Simojovel, a convocatoria de la agrupación católica denominada Pueblo Creyente.

Señalaron que después de analizar la situación crítica de nuestro compañero, nos manifestamos en contra de la criminalización y muerte de compañeros indígenas y activistas ambientalistas.

Dijeron que las autoridades de Honduras deben investigar a la empresa china que ha presionado a los grupos indígenas del Copinh para arrebatarles sus tierras e inundarlas con la represa hidroeléctrica, ya que ese es el móvil del asesinato de Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo, y el intento de homicidio de Castro Soto.

Al mismo tiempo, integrantes del Movimiento Mexicano en Defensa de los Ríos (Mapder-Chiapas) y de otras organizaciones realizaron una protesta frente el Congreso estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para exigir el retorno de Castro Soto a México.