Durante las audiencias para la elaboración de la Ley de Desaparición Forzada, familiares y organizaciones civiles demandaron al Senado que sus propuestas sean tomadas en cuenta en el nuevo ordenamiento y subrayaron que se debe reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en la crisis que atraviesa el país en este aspecto, pues se estima que hay más de 27 mil desaparecidos a escala nacional.

Durante la audiencia realizada en el Senado, Janahuy Paredes, del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México (Cofaddem), dijo que no se puede llevar a cabo la elaboración de una ley sin consultar a los familiares de las personas victimizadas y la de quienes han luchado constantemente contra las mismas autoridades.

Ante senadores de PRI, PAN, PRD y PT, aseveró que hay muchas fallas jurídicas, vacíos y omisiones por parte de las autoridades para dar con el paradero de las personas desaparecidas; nosotros les insistimos: no se puede hacer una ley sin las familias.

Setenta y dos horas perdidas

Relató que su padre, Francisco Paredes Ruiz, fue desaparecido el 26 de septiembre de 2007. Al principio no nos aceptaban la denuncia porque tenían que trascurrir 72 horas, y ese lapso es el más importante para poder encontrarlo, pudo haber sido el momento clave para poder hallarlo. Nos tuvimos que trasladar a otro estado, nos venimos a la Ciudad de México, y aquí nos levantaron la denuncia por desaparición forzada, porque en Michoacán no quisieron hacerlo.

La representante de Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Grace Mahogany, expuso su caso ante los legisladores: Mi hermano Dan Yaremel desapareció en Torreón, Coahuila, el 19 de diciembre de 2008; padre de cinco hijos, era un trabajador común.

Es necesario precisar, dijo, que los 27 mil desaparecidos reconocidos “son los que tienen una averiguación previa o un acta circunstanciada. No se considera que nada más uno de cada nueve (casos de) desaparecidos cuenta con uno de esos dos documentos.

Los datos del gobierno, añadió, no consideran a los miles de migrantes que desaparecen en su tránsito por México; los cadáveres sin nombre que están localizados en fosas clandestinas o comunes.

Insistió: Hoy decidimos dejar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra impotencia ante la falta de interés de todos los niveles de gobierno. Es momento de hacer algo. No podemos salir con una ley a medias, porque nos va a dejar exactamente en donde estamos. Ya basta de estar esperando que alguien nos haga el favor de buscar a nuestros familiares. Es obligación del Estado encontrarlos y retornarlos a sus hogares.

Yolanda Morán, también de Funden, dijo que la mayor prueba de que la estrategia aplicada por el Estado mexicano no funciona es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que se requiere de un sistema efectivo de búsqueda en campo, que esté anclado en la Federación y tenga injerencia en todo el país.

Maricela Orozco, del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, sin las Familias No, expuso el caso del secuestro de su hijo de 19 años, estudiante de arquitectura en Veracruz.

“Mi yerno y otro de mis hijos, éste de 15 años, salen a buscarlo, pero los acribillaron a escasas cuadras de su salida. Me tuve que ir del estado porque las mismas autoridades me decían que si no me iba de ahí, los criminales me iban a matar a mí, a mi esposo y a mi hija, la única que me queda.

Nosotros hemos seguido luchando, y vamos a seguir fastidiando a las autoridades para que lo busquen. Ustedes y los funcionarios cobran sueldos; nosotros cada día estamos más arruinados porque tenemos que dejar todo para buscar a nuestros hijos. Perder el trabajo, vender la casa, vender la televisión, lo que se pueda. Se supone que hay una Ley de Víctimas. De nada nos ha servido.