Buenos Aires.

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se expresó aquí en favor de que el beneficio de la prisión domiciliaria por edad sea aplicado a los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años, aunque sostuvo que el gobierno argentino no ejercerá presión sobre las decisiones de la justicia, lo que causó fuerte preocupación en los organismos de derechos humanos.

Avruj tuvo un primer gesto sorprendente al recibir a los abogados de los militares y policías juzgados por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los centros clandestinos de detención por donde pasaron miles de personas, la mayoría de los cuales están desaparecidos.

El funcionario, que tuvo cargos directivos en la derechista Delegación de Asociaciones Israelita Argentina, mencionó que debía considerarse igualitario para todos el tema de la excarcelación de la gente de más de 70 o de 80 años que está detenida. En este caso por crímenes de terrorismo de Estado.

De la misma manera sostuvo que no es una posición individual sino que es también la del gobierno de Mauricio Macri de la derechista alianza Cambiemos. Asimismo se diferenció de una serie de organismos de derechos humanos, que reaccionaron negativamente ante la posibilidad de que Macri llevara al presidente de Estados Unidos Barack Obama, quien estará en Argentina entre el 23 y el 25 de marzo próximo- a visitar la Esma.

Muchos organismos se opusieron al recordar la responsabilidad de Estados Unidos en la instalación de las dictaduras que en los años 70-80 asolaron al Cono Sur y también lo hizo el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel en una carta que envió a Obama. Esta negativa fue caracterizada por Avruj como un prejuicio, y dijo que sería extraordinario que Obama fuera a la Esma, en declaraciones a un diario local e hizo otras referencias a estos temas cuya ambigüedad causaron también malestar.

Naciones Unidas acepta denuncia sobre la activista encarcelada Milagro Sala

En tanto, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización Naciones Unidas admitió la denuncia contra el Estado argentino por la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy. Esta denuncia fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

El Estado nacional debe responder ante esa instancia de Naciones Unidas por la detención de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, quien es además diputada en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Milagro Sala lleva ya casi 60 días detenida en una cárcel de Jujuy después de ser denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos delitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar en una protesta pacífica, cuando cooperativistas de Tupac Amaru reclamaban respuestas al gobernador de la Alianza Cambiemos Gerardo Morales. Fue detenida el 16 de enero pasado, y el 29 de ese mes, el juez de la causa decidió excarcelarla.

Pero Sala no recuperó su libertad ya que ese mismo día se le inició otra causa por órdenes del gobernador Morales, quien la acusó de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, sin presentar pruebas. En su denuncia, el CELS sostiene que el gobierno provincial desarrolló una profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en esa provincia.

Consideró asimismo que la detención por esta segunda causa se asemeja mucho a un intento de justificar su privación de libertad con el objeto de que permanezca alojada en un centro penitenciario y, de esta manera, coartar su derecho a la libertad de expresión.

Después de un dictamen de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en el que confirmó la vigencia de los fueros parlamentarios en el caso de Sala como diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, y la ilegalidad de su detención, dos abogados locales presentaron una denuncia contra los jueces y la fiscal que ordenaron su encarcelamiento .

Los pedidos por la libertad de Sala, llegaron desde distintos países de América Latina y el mundo. Recientemente el periodista , escritor y presidente del CELS Horacio Verbitsky visitó y entrevistó a Sala en la cárcel y observó las condiciones de la prisión y también al gobernador Morales quien nunca pudo responderle por qué estaba detenida la dirigente.