Monterrey, NL.

Por primera vez en la historia, un capitán de la Secretaría de Marina (Semar) fue encarcelado por el delito de desaparición forzada. Él y cuatro subalternos están recluidos en una prisión militar por el caso de Humberto del Bosque Villarreal, un proceso que podría incluir homicidio y delincuencia organizada.

De acuerdo con el pliego de consignación de la averiguación previa número AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/D2013 de 300 páginas, cuyas copias están en poder de La Jornada, el capitán de corbeta de la Semar, Raúl Enrique Sánchez Labrada, los marineros Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza; el cabo de servicio de comunicaciones Carlos Adán Verdugo Amarillas y el tercer maestre del servicio administrativo de intendencia naval Eliseo Sánchez Patrón, fueron consignados ante el juez tercero de distrito en materia penal de Nuevo León, porque no sólo incurrieron en el delito de desaparición forzada, sino también, presuntamente, protegieron a miembros del cártel de Los Zetas con quienes operaban en el trasiego de droga.

Las pruebas

En el expediente judicial de 4 mil páginas se encuentran acreditadas fotografías y discos compactos, con sus respectivos peritajes de voz; las grabaciones de las llamadas que el capitán y sus subalternos hacían, por medio de una docena de celulares, a miembros de este grupo del crimen organizado que controla esta zona.

Es bastante claro que estos miembros de la Marina estaban coludidos. Las circunstancias de la muerte de mi hijo son gravísimas, porque él, como buen ciudadano, fue a denunciar hechos delictuosos cometidos por este grupo del crimen organizado y se supone que los que están para protegernos lo asesinaron, porque delincuentes y marinos eran los mismos, dice en entrevista Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima, quien se ha convertido en el principal investigador del crimen, apoyado por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Aquel sábado 3 de agosto de 2013, en el poblado de Colombia, Nuevo León, Armando Humberto del Bosque vio cómo su hijo Humberto, de 33 años, era detenido por personal de la Marina para investigarlo, después de presentar una denuncia en la comandancia de la policía municipal contra Jesús Alberto Cruz y Martín Cruz Martínez por el delito de allanamiento y amenazas, pero los denunciados resultaron ser informantes zetas de los marinos, según consta en el expediente judicial.

Después de eso, Humberto estuvo en calidad de desaparecido. Dos meses después, el 3 de octubre, su cadáver apareció con un balazo en la cabeza, a poco más de dos kilómetros de la base de operaciones de la Semar en Colombia, Nuevo León.

Ese día, Armando Humberto del Bosque hizo una promesa: hijo mío, te prometo que no descansaré hasta que se haga justicia. Y lo ha cumplido. Lleva dos años y medio dedicado en cuerpo y alma a este proceso judicial.

He perdido todo: mis propiedades, mis ahorros, mis empresas, mi salud... hasta el miedo me han quitado. Vivo en la pobreza. Mi familia y yo hemos tenido que peregrinar de un pueblo a otro, por las amenazas de muerte que recibimos constantemente de miembros de la Marina. No he tenido ninguna ayuda del gobierno, dice con absoluta entereza a quien se le conoce como el Padre coraje.

La CNDH y CEAV, omisas

Con diez kilos menos, enfermo y afectado sicológicamente por el desgaste al que ha sido sometido, Del Bosque advierte, con tono de indignación: esto es sólo el principio; voy a seguir hasta que se haga justicia realmente. Falta la consignación por homicidio, encubrimiento y delincuencia organizada. Espero que los asesinos de mi hijo reciban la pena máxima de 60 años.

También está pendiente el arresto de tres marinos más acusados de encubrimiento: el segundo maestre de administración de intendencia naval, Ivanhoe Manuel Cisneros Chinchillas; el cabo David Sotelo Mendoza, y el teniente de navío de infantería, José Domingo Sánchez Salinas.

Del Bosque lamenta que el delito de ejecución extrajudicial no este tipificado debidamente en el Código Penal, sólo en los tratados internacionales que ha firmado el gobierno, y que los detenidos reciban privilegios en una prisión militar: deberían estar en una prisión civil, pero son militares y en México eso significa estar por encima de la ley; los protege el fuero militar, lo he comprobado.

Comenta que a los ahora encarcelados los defienden abogados pagados por la Marina y que no han sido dados de baja: La Marina, obviamente, protege a los asesinos. Ellos ya no deberían tener grado militar. Es una vergüenza tener elementos que son delincuentes. Seguirlos defendiendo es una aberración. Le siguen pagando su nómina y las víctimas no recibimos ni un centavo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El presidente de esa comisión, Jaime Rochín del Rincón, se ha negado a recibirlo en reiteradas ocasiones, y los comisionados Adrián Franco Zevada y Julio Antonio Hernández Barros llevan dos años y medio exigiéndole tramites burocráticos, sin entregarle el prometido apoyo económico con el argumento de no tener una sentencia firme pronunciada por un órgano jurisdiccional con competencia federal, según consta en documentos sellados por esa dependencia, cuyas copias están en poder de La Jornada con el expediente número CEAV/CIE/0176/2015.

La CEAV me ha negado la compensación subsidiaria. Tiene un fondo de ayuda a las víctimas, pero el dinero se les va en pura burocracia, en actos, en muchísimo personal y grandes sueldos. La Ley Federal de Víctimas para Jaime Rochín y los comisionados no existe, la interpretan a su manera y conveniencia.

Amenazado de muerte, sin recursos económicos y desempleado, Del Bosque ha esperado una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el expediente CNDH/2/2013/5769/Q, pero su presidente, Luis Raúl González Pérez, se ha negado a emitirla y ha recibirlo.

“La CNDH abrió una investigación desde hace dos años y medio y llegaron a la conclusión, extraoficialmente, según me dijeron, que había graves violaciones de derechos humanos. Reconocen que ya concluyeron todas las investigaciones, pero no han emitido recomendación alguna, por cuestiones políticas, ni lo van a hacer, porque se trata de la Marina y del gobierno federal. Es muy vergonzosa la actuación del ombudsman”.

Homicidio y delincuencia organizada

Armando Humberto del Bosque Gutierrez ha perdido la tranquilidad, vive con medidas cautelares que consisten en dos escoltas y un vehículo Tsuru con 10 años de antigüedad y llantas viejas, que le fue concedido por la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que se niega a reforzarle la seguridad con un vehículo blindado, pese al previsible aumento de riesgo de sufrir una represalia por los elementos de la Marina que lo vigilan permanentemente y lo tienen amenazado de muerte.

Me han acorralado de una manera terrible, mi vida y la de mi familia está en grave peligro, pero voy a seguir. Jurídicamente existen todas las pruebas y testimonios para que estos marinos sean también enjuiciados por homicidio, delincuencia organizada y encubrimiento, pero políticamente tenemos que seguir luchando para que así sea, porque los protege la Marina y los llena de abogados para que los defiendan, dice mientras aborda el auto custodiado por los escoltas.

Amenazado de muerte por este caso, el defensor Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha recibido todo tipo de intimidaciones y persecución por este caso asumido por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.

Esperamos que todo termine con una sentencia enérgica para que este tipo de crímenes no vuelvan a cometerse con la frialdad que lo han estado haciendo las fuerzas armadas, durante los pasados 30 años. El encarcelamiento de un capitán, por primera vez, es sólo una pieza de ese enorme rompecabezas que se llama impunidad militar. Exigimos justicia, no nos interesa la venganza.

Falta investigación

Lamenta que no se investiguen los vínculos delincuenciales: las autoridades, aun teniendo conocimiento de la implicación de algunos elementos de la Marina de alto nivel con la delincuencia organizada, no actúan y eso se llama encubrimiento. Hemos demostrado que las fuerzas armadas han estado operando en esta región de la mano con grupos del crimen organizado y bajo las órdenes de altos funcionarios del gobierno mexicano.

Desde hace dos décadas, Ramos Vázquez ha documentado estos casos: hay cientos de denuncias de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial cometidos por personal de la Marina. Buscaremos justicia para ellos, pese a que la CNDH y la CEAV no estén apoyando a víctimas.

Armando Humberto del Bosque coincide: este es un pequeño triunfo de mi batalla. Mi caso se puede convertir en un referente para ayudar a otras víctimas de las fuerzas armadas. No podemos ser insensibles a tanta injusticia. Los marinos que operan en esta zona se han convertido en delincuentes, desapareciendo, matando y traficando con droga, por dinero y poder.