La sesión en la Cámara de Diputados comenzó ayer a las 11:30 horas, con la asistencia de 309 legisladores y concluyó después de las 15:30 horas con 416 presentes. Entregaron 11 iniciativas, entre las que destacan la ley para prevenir el desperdicio de alimentos, de Morena, que busca impedir y, consecuentemente, procesar miles de toneladas de alimentos que se vierten a la basura, aun cuando cumplen con normas sanitarias y nutricionales adecuadas.

El PRI presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, para tipificar el delito contra robo y usurpación de identidad, estableciendo castigos de tres a siete años de prisión.

Gloria Himelda Félix, legisladora priísta, expuso que el número de denuncias por robo de identidad ha llegado a incrementarse, en los meses recientes, en 40 por ciento. Refirió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reveló que México ocupa el octavo lugar en este delito, y con soporte de información obtenida del Banco de México se ha desentrañado que 67 por ciento del citado ilícito se da por pérdida de documentos.

Por su parte, Rocío Nahle, coordinadora de Morena, presentó una iniciativa para expedir la ley de prevención de desperdicio de alimentos. Con la propuesta se pretende que las empresas con una superficie superior a 300 metros cuadrados y las cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos preparados donen los que por diversas causas no se vendieron y son susceptibles de ser consumidos. En el documento se propone crear la Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos, que equivalen al consumo de 27 millones de personas. Casi la mitad de los víveres desaprovechados son frutas y verduras, mientras los cereales representan 29 por ciento y los productos de origen animal, cárnicos, lácteos y pescado, 25 por ciento.

El diputado Hugo Eric Flores (PES) propuso adecuar la legislación en materia de creencia religiosa, con el fin de tipificar la discriminación por estas cuestiones y sancionar a quien incurre en esa conducta.