El Senado dejó pendiente para la próxima semana la minuta sobre la ley de disciplina financie-ra de las entidades federativas y de los municipios, que estaba para votarse ayer, así como el nombramiento de los cinco magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La explicación oficial es que la minuta para regular la deuda de los estados no se votó porque hay observaciones que han formulado organizaciones ciudadanas, entre ellas México Evalúa, que se van a analizar el fin de semana.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de legisladores que participan en el dictamen, la decisión obedece a los desacuerdos entre PRI y PAN por el nombramiento de los magistrados, lo que llevó a los panistas a pedir que se pospusiera también la votación de la ley.

En el caso de los cinco magistrados para las salas regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca está casi listo el acuerdo para que se designe a tres mujeres y dos hombres. Sin embargo, hay disenso dentro del PAN y entre éste y el PRI.

El conflicto es sobre todo en las salas de Veracruz y Monterrey. En la primera, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, se pronunció por José Luis Ceballos Daza, familiar del actual magistrado Constancio Carrasco Daza, pero dentro de su bancada no hay consenso. Los otros candidatos son Adriana Bracho Alegría y Enrique Figueroa Ávila.

Se sabe además que la bancada panista mantiene desacuerdos con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sobre otros nombramientos. No avalan que para la sala regional del TEPJF con sede en Monterrey se designe a Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, sobrino de la ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, como pretende el PRI.

Los nombramientos, por ello, se pospusieron, pese a que el lunes pasado concluyeron su gestión los integrantes de las cinco salas regionales del TEPJF y ese tribunal está incompleto.

Respecto de la minuta de ley de disciplina fiscal, aprobada y en comisiones, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Fundar hicieron llegar un escrito a la mesa directiva del Senado en el que objetan la reforma.