Los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, continúan sometidos a desaparición forzada en una grave violación a los derechos humanos, situación a la que contribuye la comisión legislativa especial que indaga el caso, expuso la diputada Araceli Damián González (Morena), integrante de esa instancia.

La legisladora federal dijo que el reciente informe semestral sobre el caso de los normalistas, presentado por la comisión especial, se limita a relatar las reuniones de trabajo sin presentar conclusiones, y ante ello consideró que no se ha podido continuar con las investigaciones realizadas durante la anterior legislatura (62), ni se da seguimiento a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

‘‘Las entrevistas –con funcionarios públicos y personas en lo particular– distan mucho del objetivo de proporcionar datos que permitan continuar las investigaciones, debido a su formato centrado exclusivamente a diputados y sin la posibilidad de confrontar visiones a partir de hechos y documentos. Han resultado entrevistas de cortesía y huecas, que no arrojan más de lo que ya se conoce’’, evaluó Damián.

Además, dijo, la comisión no ha recibido la información requerida, como los 80 tomos de la indagatoria, los expedientes judiciales que se desahogan en nueve juzgados federales y del fuero común, y ello ha impedido revisar y analizar documentos, informes y notas periodísticas.

‘‘Esto no ayuda a preservar la verdad sobre el caso; al contrario, fragmenta la realidad de forma burocrática e impide conocer los hechos en su conjunto’’, expresó la diputada.

Damián González señaló que tampoco se han atendido las recomendaciones del informe del GIEI respecto a investigar si la actuación de los cuerpos de seguridad presentes en Iguala durante la agresión a los normalistas se apegó a derecho y cumplieron con sus protocolos de actuación, especialmente en su obligación de proteger a los ciudadanos.

Tampoco en lo que toca a investigar a todos quienes podrían haber participado en la desaparición de los jóvenes, el patrimonio de los presuntos responsables e indagar a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación.

La legisladora dijo finalmente que la comisión ha eludido la obligación de entrevistar al ex procurador Jesús Murillo Karam, así como a los militares que forman parte del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.

‘‘Al no solicitar la entrevista con los militares, la comisión violenta las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos definidas en el artículo primero de la Constitución’’, expuso.