n Chihuahua deben sonar cuando menos dos alertas: una por las agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. La otra, por la creciente intromisión del narco en los procesos electorales locales. De ésta trataremos en una próxima colaboración. De la primera nos ocuparemos ahora.

El lunes 7, víspera del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Estatal de Mujeres se plantó en la Cruz de Clavos, memorial de los feminicidios, frente al palacio de gobierno. Presentaron una carta dirigida al licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de solicitarle la urgente adopción de una alerta temprana que las prevenga de futuras agresiones.

No es para menos: tan sólo en una semana, los ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas se han intensificado: la semana antepasada, la mejor funcionaria del gobierno de César Duarte, la licenciada Emma Saldaña, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, fue agredida por el secretario de Fomento Social, José Luis García. En un acto público, el funcionario le gritó a la licenciada Saldaña, e incluso llegó a estrujarla, porque no le pareció algo que ella dijo o hizo.

La directora del Ichmujer ha mantenido una excelente relación con el Movimiento Estatal de Mujeres. Y aunque no la hubiera tenido, una agresión de ese tipo no iba a ser pasada por alto. Por eso, las mujeres organizadas aprovecharon la primera oportunidad que se les presentó para denunciar el maltrato de quien se supone encabeza la política social en el estado… o lo que trata de asemejarse a ella.

Eso fue durante el informe de la licenciada Saldaña al frente del instituto, el pasado 29 de febrero. En el presídium se encontraban, además de ella, el titular de la Secretaría de Fomento Social, el secretario de Gobierno, una representante del Instituto Nacional de las Mujeres y otros funcionarios. Cuando en nombre del Movimiento de Mujeres intervino la licenciada Lucha Castro, denunció con todas sus letras la violencia institucional ejercida por José Luis García en contra de la licenciada Saldaña. Acto seguido, un nutrido grupo de féminas pasó al frente del público y exhibió una manta con la leyenda: Alto a la violencia institucional: que no te cueste trabajo ir a tu trabajo.

A pesar de que estas denuncias llamaron poderosamente la atención de reporteras, reporteros y fotógrafos, el gobierno del estado y José Luis García pagaron para operar el control de daños, y los hechos fueron acallados por la mayoría de los medios informativos.

Sin embargo, Patricia Mayorga, corresponsal de la agencia Apro y de la revista Proceso, realizó una excelente cobertura de la protesta de las mujeres, que inmediatamente fue difundida por este medio nacional. El gobierno del estado respondió torpemente a la denuncia: en una nota escrita a traspiés el periódico digital La Opción inició una campaña difamatoria contra Patricia. La acusa de malos manejos al frente del Colegio de Periodistas de Chihuahua, de ser panista y hasta de redactar mal.

Las mujeres organizadas reaccionaron de inmediato y lograron que las recibiera el secretario de Gobierno. Le demandaron poner fin a la campaña contra la reportera Mayorga. Sin embargo, al día siguiente vino otro ataque sexista:

En el noticiario de Televisa conducido por Carlos Loret de Mola se difundió un reportaje que revela contundentemente lo que Duarte siempre ha negado: que Cuauhtémoc es la ciudad del país con más desapariciones forzadas. La respuesta del gobierno del estado fue tan furibunda como torpe: en el mismo diario digital La Opción, arremetió ahora contra las derechohumanistas Lucha Castro y Blanca Gámez, acusándolas sin ningún fundamento de lucrar con las familias de las víctimas de las desapariciones para que demanden un fondo de 36 millones de pesos para financiar una cooperativa en beneficio de ellas.

También el 29 de febrero, en la sección Ráfagas del periódico El Heraldo de Chihuahua, se atacó a las organizaciones Alianza Sierra Madre y Asesoría Técnica Comunitaria, encabezadas por las defensoras de derechos humanos Isela González y Pety Guerrero, respectivamente, de haber encabezado los bloqueos a obras como el aeropuerto de Creel y el gasoducto de la Sierra Tarahumara, en contra de la voluntad de los indígenas. Se les califica de “… horda de ladrones y de aprovechados, quienes son los principales discriminadores de los indígenas”. Esto se hizo a la par que marchaba hacia la Ciudad de México la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, apoyada por las organizaciones citadas, a reunirse en el Senado con los legisladores Alejandro Encinas y Silvia Martínez y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios, Jaime Martínez Veloz.

Este ambiente de linchamientos es lo que ha precedido las agresiones más graves contra derechohumanistas y periodistas en Chihuahua. De 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado el asesinato de 19 personas defensoras de derechos humanos, además de las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas y agresiones físicas que han sufrido otras más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político. Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección internacional, más que en ningún otro estado de la República.

Así como el gobierno de Peña Nieto, el de César Duarte en Chihuahua demuestra con estos ataques a periodistas y derechohumanistas su creciente deterioro social, político y moral. Los ataques sexistas de fin de sexenio revelan la furia de un gobierno autoritario contra quienes han sido sus más constantes y certeras críticas. Por eso urge la declaratoria de alerta.