Moscú.

La procuraduría de Ingushetia se comprometió este jueves a investigar la agresión que sufrió ayer en su territorio un grupo de activistas de derechos humanos y de periodistas, entre ellos dos extranjeros, cuando intentaban ingresar en Chechenia camino a la ciudad de Grozny, su capital, en el conflictivo Cáucaso del norte.

Cerca de la frontera administrativa de ambas repúblicas, tres vehículos interceptaron la furgoneta en que viajaban y sus ocho ocupantes –tras ser despojados de teléfonos, computadoras portátiles y otros equipos de trabajo, así como de pasaportes y otros documentos– recibieron una paliza, al grito de ¡Defienden a terroristas, los asesinos de nuestros padres!, según declaró uno de los atacados, Yegor Skoroboda, periodista de Mediazona, portal ruso de información sobre derechos humanos.

Apaleadas –literalmente, golpeadas con palos– por cerca de quince enmascarados, que prendieron fuego a la furgoneta, cuatro de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas, en tanto Noruega y Suecia, países de donde son originarios los periodistas extranjeros, enviaron notas de protesta a Rusia.

No conformes con la golpiza que dieron a personas indefensas, los agresores se internaron en territorio de Ingushetia para –enajenados, vociferando ¡Nada tienen que hacer en Grozny, lárguense del Cáucaso del norte!– intentar tomar por asalto la sede regional del Comité contra las Torturas, que se estableció en la ciudad de Karabulak tras ser expulsada de Chechenia, organización no gubernamental que ofició de anfitrión en esta visita.

El Kremlin, mediante su portavoz, Dimitri Peskov, calificó los hechos de absolutamente inaceptables por poner en riesgo, como entendemos, la vida de estas personas y dijo que se trató de un caso obvio de vandalismo.

Por ese delito, cabe recordarlo, las integrantes del grupo Pussy Riot, que interpretaron una oración punk contra el presidente Vladimir Putin y el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, en el templo principal de Moscú, recibieron una condena de dos años de prisión.

Mijail Fedotov, presidente del Comité para los Derechos Humanos, instancia subordinada al Kremlin, celebra que la procuraduría de Ingushetia haya abierto una causa penal, pero difiere en considerar esta bochornosa agresión sólo un acto de vandalismo, por lo que exige que los culpables sean castigados con todo el peso de la ley.

De su lado, el director del Comité Contra la Tortura, Igor Kaliapin, no tiene duda de que los agresores llegaron de Chechenia porque cada vez que las denuncias de su ONG involucran a miembros del entorno de Ramzan Kadyrov, el presidente checheno, los activistas vuelven a ser acusados de ser cómplices de los terroristas y sus oficinas, devastadas, como sucedió en diciembre de 2014 y junio de 2015.

En cambio, el comisionado para los derechos humanos en Chechenia, Nurdi Nujazhiyev, nombrado por Kadyrov, está convencido de que no hay que excluir que el propio Kaliapin haya organizado la agresión contra sus compañeros para culpar al gobierno de Chechenia. No lo acuso, sólo digo que es su estilo.