Sao Paulo.

Fiscales estatales brasileños pidieron el arresto del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por cargos de lavado de dinero e identidad fraudulenta al ocultar la propiedad de un departamento frente a la playa, informaron medios locales este jueves. La decisión debe ser aprobada por un juez, en un plazo que no fue no precisado.

Se requiere el decreto de prisión preventiva del denunciado Luiz Inacio Lula da Silva, solicitaron los fiscales en el contexto de un proceso por ocultamiento de patrimonio contra el ex mandatario izquierdista (2003-2010).

En una conferencia de prensa realizada antes para informar sobre las acusaciones presentadas el martes contra Lula, fiscales de Sao Paulo declinaron hacer comentarios sobre posibles arrestos, y funcionarios judiciales tampoco quisieron referirse a los reportes de prensa.

Los diarios O Globo y O Estado de Sao Paulo informaron del pedido de arresto de Lula citando documentos judiciales. Esta decisión debería ser aprobada por un juez, y es improbable que lo haga, según el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao. No estoy preocupado porque sería un contrasentido, una ignominia que cualquier juez conceda ese pedido, expuso.

Consultado por la posibilidad de que Lula se integre al gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, como han sugerido algunos miembros del gabinete, Falcao afirmó que la decisión depende de Lula.

Si entrara en el Ejecutivo, Lula sólo podría ser juzgado en la Suprema Corte, y quedaría fuera del alcance de las investigaciones estatales y federales.

El eventual arresto del ex mandatario aumentaría de forma dramática la temperatura de una crisis que complica a Rousseff y podría polarizar aún más las protestas convocadas el próximo domingo por la oposición para exigir que sea sometida a un juicio político.

La acusación presentada este martes contra el ex gobernante involucra también a su esposa, Marisa Leticia, a su hijo Fabio Luiz y a otras 13 personas. Los cargos están vinculados a la presunta compra oculta del ex mandatario de un tríplex en un balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, del que Lula ha negado en reiteradas ocasiones ser el propietario, aunque tuvo la opción de comprarlo.

Lula rechazó de nuevo ser el dueño de la vivienda y negó haber cometido ilegalidades. Su abogado, Cristiano Zanin Martins, pidió a la Suprema Corte que decida si el caso es jurisdicción de los fiscales estatales o de una investigación federal distinta contra una trama de sobornos en la compañía estatal Petrobras.

El abogado del ex mandatario afirmó este jueves que la conferencia de prensa de los fiscales fue una nueva prueba de que hay una campaña mediática contra Lula. El dueño de la propiedad es la persona que aparece en el registro. No importa a quién piense alguna gente que pertenece, señaló.

Las acusaciones de la fiscalía de Sao Paulo no tienen relación con la Operación Lavado Rápido que investiga el esquema de corrupción en Petrobras, por la que Lula fue llevado el viernes pasado a la fuerza por la policía federal al aeropuerto metropolitano de Sao Paulo, donde fue sometido a un interrogatorio que se prolongó unas cuatro horas.

Los fiscales de Sao Paulo consideraron que Lula violó el orden público cuando llamó el viernes pasado a sus seguidores a salir a las calles para denunciar la persecución judicial de la que es objeto.

Su detención es necesaria para el buen desarrollo de la investigación, ya que está demostrado que debido a su condición de ex presidente puede ubicarse por encima de la ley, subraya el documento anexo a la solicitud del proceso penal en su contra.

No se puede en ningún caso incitar a la población a rebelarse contra las investigaciones criminales del Ministerio Público, la policía, ni contra las decisiones del Poder Judicial, prosigue.

La fiscalía da una prueba más de su parcialidad al pedir la prisión preventiva de Lula, reaccionó el Instituto Lula, que maneja los asuntos del ex mandatario, y denunció además el triste intento de usar su cargo con fines políticos.

En tanto, Carlos Sampaio, vicepresidente del Partido Social Demócrata Brasileño y coordinador jurídico de la mayor fuerza política opositora al gobierno de Rousseff, afirmó que el pedido de prisión preventiva conta Lula es inusual y no tiene base jurídica.