La norma que regula a las universidades particulares es obsoleta, dispersa y engorrosa, consideraron ayer expertos universitarios, rectores, legisladores y funcionarios en la segunda y última sesión del foro La legislación mexicana de educación superior.

En el encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Senado de la República, el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, recordó que la ley data de 1978, cuando había unos pocos cientos de instituciones de enseñanza superior, y que actualmente existen alrededor 3 mil en el país, de las cuales mil 800 son particulares. De estas últimas, dijo, sólo 109 están afiliadas a organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior o a la propia Anuies, donde se hacen esfuerzos por garantizar la calidad de la enseñanza.

La explosión del crecimiento de las instituciones privadas se debió a un retiro del Estado de sus funciones para garantizar oportunidades educativas a los jóvenes que las demandan. En ese sentido, cumplimos una función social, aunque ésta se ha mezclado con la proliferación de un negocio muy lucrativo, señaló.

Rectores de otras universidades, como la Anáhuac, Autónoma de Guadalajara, Popular Autónoma del Estado de Puebla y la del Valle de Atemajac, indicaron que la Secretaría de Educación Pública no tiene capacidad para atender las casi 30 mil solicitudes de renovación de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que la ley obliga a las universidades a solicitar para cada una de sus licenciaturas año con año.

La propia autoridad aceptó la situación y dijo que trabaja en la modernización de los acuerdos que regulan el sector. Pero algunos de los rectores se pronunciaron por actualizar el conjunto de la ley. También señalaron que la legislación ha permitido la discrecionalidad en el otorgamiento de los RVOE, que se margine a las universidades particulares de participar en la definición de ciertas políticas públicas y de programas oficiales como becas, las cátedras Conacyt para jóvenes investigadores o planes fiscales especiales para la investigación.

Los universitarios se pronunciaron por que se revise la ley y que en ella se contemple que hay instituciones particulares que ofrecen educación de bajo nivel y otras consolidadas que imparten programas de calidad.

La educación es la llave del progreso, pero debe estar acompañada de una norma que se lo permita, dijo Francisco Ramírez Yáñez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac, quien propuso que a las instituciones privadas que cumplan con ciertos estándares de calidad se les dé un reconocimiento similar al que tienen las universidades autónomas.