René Miranda Jaimes, titular de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como consejeros y funcionarios de Chiapas implicados en el fraude electoral cibernético cometido en esa entidad, fueron denunciados penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la querella a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y pidió además a la Contraloría General del instituto que inicie un procedimiento contra Miranda y otros dos funcionarios del registro: Alejandro Andrade Jaimes, coordinador de procesos tecnológicos, y Félix Manuel Brasdefer Coronel, director de operaciones.

Esta es la primera denuncia que apunta directamente a altos mandos del INE con el argumento de que se abstuvieron de resguardar la información del padrón y lista nominal de electores lo que provocó la exclusión de dicho listado de manera indebida a cerca de 10 mil ciudadanos.

En esta compleja trama se utilizó la base de datos del INE para dar de baja a miles de ciudadanos chiapanecos, que de pronto aparecieron como residentes en países como Uganda, Cabo Verde, República Checa. Sus datos fueron utilizados para inflar el padrón en el extranjero, pero no pudieron votar en su estado.

El dueño de la empresa DSI Elecciones, que sistematizó este listado de votantes en el extranjero, era Vicente Manzur Molina, familiar de Roberto Pardo Molina, quien ganó la elección de diputado migrante con un amplio margen de 55 por ciento de votos, pero después fue desaforado y se encuentra bajo proceso penal. Recientemente, tres consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fueron removidos por ese motivo.

Tras destaparse este fraude en diciembre, Miranda rechazó haber tenido alguna responsabilidad. No nos lavamos las manos. Simplemente hicimos lo que nos correspondía de acuerdo con el convenio (firmado con el Ople de Chiapas).

Comentó a La Jornada: Recibimos de ellos la lista de ciudadanos que cumplen con los requisitos y lo único que hacemos es verificar si están en la lista nominal, porque un requisito es que estén inscritos en la lista nominal.

Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo Gómez, representante del PRD, el INE tiene responsabilidad, ya que excluyó a dichos electores a partir de una simple relación de nombres de ciudadanos proporcionados por el Organo Público Local Electoral (Ople), sin contar con ningún tipo de respaldo, que justificara excluir de la lista nominal de electores a 10 mil 808 ciudadanos que pasaron a integrar la lista nominal de presuntos residentes en el extranjero.

Describió en su denuncia, fechada el pasado 7 de marzo, que esto se hizo sin el menor cuidado y sin realizar ningún tipo de verificación, valoración o compulsa y sin reparar siquiera en el inusual y atípico número de bajas solicitadas, expuso.

En el grueso expediente, presentado por el partido del sol azteca, hace una cronología de hechos y muestra que diversas autoridades fueron por lo menos omisas y negligentes en este tema, ya que desde junio de 2015 varios partidos políticos advirtieron un crecimiento desmedido del padrón de votantes en el extranjero que elegirían al diputado migrante en Chiapas.

En el caso de los funcionarios del INE, detalló que recibieron en su sistema, el 19 de julio de 2015, durante el desarrollo de la jornada electoral, 205 solicitudes de aclaración de ciudadanos que fueron excluidos de la lista nominal.

Previamente, dichos mandos del instituto tampoco verificaron el domicilio y residencia de los ciudadanos que se integraron a la lista de presuntos residentes en el extranjero en la elección local del estado de Chiapas.

El PRD planteó que obraron de manera culposa y por sus omisiones se configura el delito de encubrimiento al prestar auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito.