El Estado mexicano ha convertido en deuda pública las deudas privadas que pusieron en riesgo el sistema financiero, por lo que, en el asunto de los braceros, el Estado no puede poner de pretexto que devolverles 10 por ciento de sueldo, retenido sin su consentimiento para la creación de un fondo de ahorro, pone en riesgo las finanzas públicas, señala la sentencia que obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir una resolución favorable para que se devuelva 10 por ciento del sueldo semanal que les fue descontado durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos, en el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.

La decisión de la juez segunda de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, es definitiva, salvo que el Ejecutivo federal la impugne en tribunales.

La juzgadora señala en su sentencia que, de acuerdo con estimaciones de especialistas, el dinero retenido más los intereses generados en 65 años suman más de 5 billones 90 mil 231 millones de pesos, lo que, repartido entre 4 millones 678 mil contratos firmados en dicho programa, representa un aproximado de un millón 96 mil pesos para cada trabajador o sus beneficiarios.

Precisa que la cantidad de 38 mil pesos entregada a una parte de los quejosos, en marzo de 2012, por el gobierno de Felipe Calderón, constituye una falta de respeto a los braceros.

La sentencia hace un pormenorizado estudio sobre el Programa Bracero, mediante el cual casi 5 millones de mexicanos fueron a Estados Unidos entre 1942 y 1964, a petición expresa del vecino país el cual enfrentaba una aguda falta de mano de obra con motivo de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, por la guerra de Corea.

Además, ordena al gobierno mexicano la creación de un banco de datos con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro.

La autoridad debe otorgar un fondo de identidad con el que otorgue todas las facilidades a los ex braceros y sus beneficiarios para obtener la documentación que necesitan para acreditar su derecho al pago del ahorro.

Ordena al gobierno mexicano a realizar una investigación exhaustiva con su similar de Estados Unidos a efecto determinar los nombres, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros, con la colaboración de los bancos estadunidenses con la finalidad de evitar pretextos al cumplimiento de este punto, bajo el argumento de que derivado de los sismos de septiembre de 1985 se destruyó la documentación.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá gestionar la posibilidad, mediante los consulados en Estados Unidos, de que todos los connacionales que viven en aquel país y tengan calidad de ex braceros o beneficiarios puedan acceder al beneficio del pago del fondo de ahorro.

La sentencia concluye que quien debe rendir cuentas a los ex braceros y sus beneficiarios, de dónde está su dinero y cuál fue su destino, es el Estado mexicano, porque un Estado democrático, constitucional, social y de derecho, no se puede dar el lujo histórico de extraviar dinero que tenía bajo su guarda y custodia, que pertenecía a los más desfavorecidos socialmente, pero menos aun, darles una respuesta incongruente a su petición.