La juez federal Paula García Villegas ordenó al gobierno devolver a más de 7 mil ex braceros o a sus familiares los recursos descontados de sus salarios entre 1942 y 1964, cuando laboraron legalmente en Estados Unidos.

Al otorgar un amparo a los ex trabajadores migrantes, la juzgadora resolvió que el apoyo social que desde hace una década se entrega a dichos trabajadores es solo un paliativo, por lo que el gobierno tiene que encontrar el dinero y reintegrarlo a los quejosos.

Les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riesgo las finanzas públicas, afirmó la juez.

Para recordar un poco la historia, el Estado mexicano ha convertido en deuda pública deudas privadas que pusieron en riesgo al sistema financiero, como sucedió con el llamado Fobaproa; pretende salvar con una ley al desfalco producto del llamado Ficrea, y busca hacerse cargo de los problemas de Pemex. En todos esos casos, la deuda que el Estado ha asumido o asumirá no era suya, destacó.

La sentencia puede ser impugnada por la Secretaría de Gobernación, que desde 2005 ha coordinado el pago del apoyo social de 38 mil pesos a miles de ex braceros o sus herederos.

El fondo desaparecido

El convenio de 1942 entre los gobiernos mexicano y de Estados Unidos estipulaba que el vecino país del norte descontaría 10 por ciento del salario de los braceros para un fondo de ahorro, que les sería devuelto al regresar a México.

Gobernación ha admitido que la entrega de fondos nunca se llevó a cabo, y a la fecha se desconoce su destino, por lo que el Congreso de la Unión creó en ley un fideicomiso para pagar una compensación a los ex braceros.

Los quejosos que ganaron el amparo presentaron en julio de 2015 un escrito para pedir el dinero del fondo de ahorro, pero Gobernación respondió que sólo puede pagar apoyos sociales a quienes se dieron de alta en 2005 y 2008.

Otro de los efectos del amparo que concedió la juez a los ex braceros ordena que las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de Estados Unidos, a efecto de determinar los nombres y cantidades que ahorró cada uno de los trabajadores entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas.

En febrero de 2015, Bansefi detectó al menos 456 casos en que se cobraron los 38 mil pesos con documentos apócrifos.