La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe brindar el mayor nivel de defensa al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, retenido por el gobierno de Honduras para que amplíe su declaración en torno al intento de homicidio en su contra y del asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres.

Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, señaló que este organismo ya entró en contacto con su par de Honduras y la cancillería mexicana, solicitándoles información del caso del activista mexicano, coordinador de la organización Otros Mundos.

Entrevistado al término de la presentación de la recomendación general 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, el quinto visitador aclaró que aunque la CNDH no tiene facultades para conocer de la actuación de instituciones u organismos extranjeros, ni incidir en ellos, sí las tiene para conocer sobre las acciones de las autoridades mexicanas, en este caso la cancillería.

Respecto del tipo de defensa que debe hacer el gobierno mexicano del connacional, víctima de intento de homicidio, Corzo Sosa afirmó que ésta debe ser del mayor nivel y garantizar que sus derechos humanos sean plenamente respetados.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la organización civil Otros Mundos declaró que el traslado de Gustavo Castro Soto a La Esperanza, departamento del Intibucá, en el sur-occidente de Honduras, para que amplíe su declaración, representa un alto riesgo para su seguridad.

Estamos en alerta máxima, porque su salida de la embajada de México en Honduras, el traslado y su presencia en la comunidad representa un alto riesgo para su integridad física y sicológica, se señala en un documento dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras, así como a las autoridades de las cancillerías de ambos países.

Insistió en que a pesar de todas las solicitudes a distintas instancias para que esta nueva declaración se hiciera en las mejores condiciones para su seguridad física y sicológica dentro de la embajada de México o en Tegucigalpa, la Fiscalía General de Honduras decidió que se tenía que hacer en La Esperanza, lo que representa un alto riesgo para su integridad física y sicológica

La agrupación que coordina Castro Soto y cuya sede está en San Cristóbal de las Casas, exigió al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria para que el ambientalista mexicano pueda salir inmediatamente de ese país terminado este último proceso judicial requerido, sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida.

Recordó que con el argumento de que tenía que ampliar su declaración, sin que se le hubiera notificado formalmente con anterioridad, Castro Soto fue interceptado arbitrariamente por autoridades hondureñas en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, mientras intentaba salir de ese país con toda legalidad y bajo protección de la embajada de México.

Gustavo Castro nunca se negó a realizar todas las declaraciones que le fueron solicitadas, y está aceptando ampliar la declaración en el interés del esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres y con la finalidad de evitar los procesos de criminalización en contra de los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que coordinaba Cáceres.