El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, negó cualquier acuerdo del gobierno de la República con Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que Rosa Isela Guzmán, quien dice ser hija del narcotraficante, declaró hace unos días que el gobierno ‘‘rompió un acuerdo’’ con su padre, e incluso insinuó el financiamiento de campañas políticas.

‘‘Pero que quede claro: por lo que corresponde al gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen’’, dijo el comisionado en un pronunciamiento emitido en la Secretaría de Gobernación (SG).

Ahí mismo expresó que el Estado mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente en los tribunales.

En torno a las declaraciones de que son violados los derechos humanos de Guzmán Loera, Sales Heredia aseguró que hay una ‘‘abierta campaña mediática’’ orquestada por el narcotraficante, su defensa y algunas otras personas, cuyo objetivo es deslegitimar a la autoridad y ejercer presión para flexibilizar su custodia en el centro penitenciario donde se encuentra recluido.

‘‘No vamos a ceder ante especulaciones cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar al sujeto para relajar su vigilancia’’, insistió. Además, ratificó que el compromiso del gobierno ‘‘es que este criminal sea castigado con todo el peso de la ley’’.

Incluso, pidió no olvidar que Joaquín Guzmán Loera ‘‘ha dañado profundamente a la sociedad’’, y que sus acciones han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a jóvenes y destruido a familias enteras. ‘‘Son familias que merecen justicia y a quienes nos debemos en primera instancia’’.

En el acto, donde no se permitió formular preguntas, el funcionario federal declaró que el gobierno emplea ‘‘todas sus capacidades para garantizar que este sujeto no pretenda evadir nuevamente la acción de la justicia’’.

Sin embargo, afirmó que todas las medidas tomadas para vigilar su reclusión están estrictamente orientadas al respeto a los derechos humanos del narcotraficante, basados en la Constitución, en las diferentes leyes del marco normativo y en protocolos vigentes para los centros federales de readaptación social, así como una resolución del Poder Judicial.