l pasado 2 de marzo la Comisión In­ter­a­mericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe 2016 sobre la situación de derechos humanos en México. Señaló que su elaboración se basa en la observación realizada durante su visita in loco que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como otras visitas de la CIDH y de sus relatorías temáticas, en el monitoreo que la comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos. Es importante destacar esta referencia, pues el gobierno mexicano recibió el proyecto de informe el 24 de noviembre y el 15 de diciembre del mismo año remitió sus airadas observaciones al proyecto en un documento de 93 páginas. De entrada, descalificó a la CIDH, como ha reiterado estos días, porque en una breve visita, dijo, obtuvo en nuestro país información; exige que se le diga la forma en que fue elaborado, es decir, sus fuentes y metodología a los ámbitos material, espacial y temporal.

Se analiza y rechaza la tesis del informe sobre la violencia, sus causas y características. Acusa que hay un sesgo inicial, pues, en lugar de monitorear el cumplimiento de obligaciones del Estado, se dedicó a encontrar violaciones a los derechos humanos. Afirmó que no es congruente señalar que hay crisis seria de derechos humanos. En lugar de analizar la situación de disfrute de la mayoría de los derechos consignados en la Convención Americana, pone énfasis en ciertas violaciones que no de derechos (sic). Demanda que se reconozca el papel y prestigio de las fuerzas armadas, y de forma reiterada contrasta el informe de 1998 con el de 2016, atribuyendo virtudes al primero sin consideración alguna sobre los cambios drásticos que se viven hoy, y eso que le interesaba, dijo, el ámbito temporal. Cual si fuera informe presidencial, se refiere a programas como la cruzada contra el hambre que han abatido la pobreza; consultas que, dice, se han realizado a pueblos indígenas; leyes que se han promulgado; no aborda su contenido ni su aplicación. Reclama que se dedicaran pocos párrafos a la reforma de 2011 al artículo primero constitucional.

El tono se elevó ante la afirmación, que se mantuvo en el informe de que en el caso Ayotzinapa la Policía Federal y el Ejército podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado. No importó que se diga que podrían. Las baterías se centraron en el término colusión que dijeron ni el GIEI ha utilizado. En suma, dijo que el documento carece de objetividad y equilibrio, por lo que solicitó que toda la información aportada por el Estado mexicano, así como sus observaciones, sean incorporadas al informe final de la CIDH. ¿De quién es el informe? Es pregunta.

También sería conveniente que nos aclare el gobierno qué se viola si no son los derechos, y que realice su propio informe sobre cómo en este país se cumple la mayoría de la Convención Americana. Y de paso que nos diga por qué no se afectan los derechos humanos en toda la nación, si en una parte de la misma son violados. Perdón, olvidaba aquello de que Ayotzinapa sólo pasó en Iguala, que ya supérenlo y la versión más reciente, de que Iguala no tiene que cargar con Ayotzinapa.

La CIDH hizo valer su autonomía; bien por ella, mantuvo su informe y agregó las acciones del Estado en cuanto a normativa. El informe analiza la grave crisis de derechos humanos que padece México. Anota que la violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Asimismo, sostiene que la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor actividad del crimen organizado, narcotráfico y conflictividad. Y reitera la petición de brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 batallón de infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho grupo. La reacción oficial ha sido de rechazo, lejos de reconocer la trascendencia de lo señalado. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, se unieron en un comunicado que cuestiona el informe por su metodología y sus conclusiones sesgadas.

Por su parte, los organismos de derechos humanos de todo el país han expresado su respaldo al informe de la CIDH, instancia que el próximo 7 de abril realizará en Washington audiencias sobre la situación general de derechos humanos en México, derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México, desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México, acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión en México. De pronóstico reservado.