l nuevo ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, reiteró ayer el respaldo del gobierno de Quito a Julian Assange, fundador de la organización Wikileaks, quien se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en la capital de Gran Bretaña desde junio de 2012.
Assange, sobre quien pesa una orden de extradición a Suecia, en el marco de una investigación por supuestos delitos sexuales, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a declarar desde el refugio de esa sede diplomática, diligencia a la que se han negado tanto Estocolmo como Londres. El informático australiano ha expresado que el verdadero propósito de la persecución judicial que sufre desde 2010 es trasladarlo a territorio sueco para entregarlo, desde allí, al gobierno de Estados Unidos, el cual mantiene lista una acusación en su contra por espionaje. Con base en esa imputación, Assange podría ser juzgado y condenado, una vez en territorio estadunidense, a cadena perpetua o incluso a la pena capital.
El señalamiento es verosímil, si se considera la saña con la que reaccionó Washington ante las filtraciones dadas a conocer en el mundo por Wikileaks en 2010 y 2011 en torno a las atrocidades perpetradas por las fuerzas estadunidenses en Afganistán e Irak y ante la difusión de cientos de miles de informes enviados al Departamento de Estado por representaciones diplomáticas de Estados Unidos en diversas ciudades del mundo: el soldado Bradley (hoy Chelsea) Manning, quien presuntamente filtró los documentos referidos a la organización de Assange, fue sentenciado a 35 años de prisión, en tanto que el ex analista de inteligencia Edward Sonwden, quien en junio de 2013 reveló al mundo los sistemas de espionaje masivo empleados por el gobierno estadunidense en contra de millones de personas, se encuentra desde ese año asilado en Rusia para evitar ser capturado y enjuiciado.
Tras la negativa de Londres y Estocolmo a acatar el fallo del Grupo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el cual determinó (el pasado 4 de febrero) la ilegalidad de la persecución contra Assange e instó a ambos gobiernos europeos a ponerle fin, la integridad y la seguridad del informador australiano dependen del gobierno de Ecuador, el cual, en días pasados, colocó al ex canciller Ricardo Patiño a la cabeza del Ministerio de Defensa. Su sucesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, declaró ayer, en su primera conferencia de prensa en el cargo, que Suecia y Gran Bretaña deben acatar el dictamen de la ONU en torno a Assange y destacó que la protección del refugiado tendrá un sitio importante en su gestión.
El posicionamiento es reconfortante en una circunstancia en la que la mayor parte de los gobiernos de Europa occidental –no sólo el sueco y el británico– abogan de dientes para afuera por la libertad de expresión y el derecho a la información, pero no dudan en perseguir a quienes, como Julian Assange, exhiben ante la opinión pública las miserias del poder.
