Al año la Secretaría de Salud (Ssa) eroga cerca de 3 mil millones de pesos en la compra de 17 tipos de vacunas, y aunque el esquema de inmunización de México es clasificado entre los mejores de América Latina, carece de mecanismos para calcular las dosis que deben adquirirse, así como para garantizar la distribución, seguimiento y supervisión de los biológicos que se envían a los estados de la República.

Además de la falta de control de los insumos, existe el riesgo de que caduquen o pierdan su potencia por inadecuado sistema de coordinación y control entre los organismos descentralizados de la Ssa, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de 2014, y en particular a partir de una inspección física al Instituto de Salud de Chiapas. La investigación incluyó la vacuna contra influenza estacional, y resultó que ese año la Ssa compró 15 millones de dosis, pero no se documentó la entrega-recepción de más de 267 mil en los estados.

El organismo encontró que tampoco es posible determinar el destino final de las vacunas que adquiere el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), porque en las clínicas se carece de información sobre los lotes de los biológicos.

También descubrió que en mayo de 2015 aún estaban pendientes de aplicarse más de 7 millones de dosis correspondientes a 2014. Aunque la ASF determinó que Censia cumplió las disposiciones legales y normativas en el ejercicio de 2 mil 866 millones 443 mil pesos, observó diversas anomalías en los procesos de entrega, distribución y aplicación de los insumos.

La ASF destacó que en 2012 indicó a Censia la necesidad de tener manuales de procedimientos para calcular las dosis y realizar la distribución, seguimiento y supervisión de los biológicos que envía a las entidades federativas.

Censia respondió que los documentos están en revisión en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa.

Debido a que algunas entidades federativas no ejercieron recursos por 4 millones 855 mil pesos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, la ASF consideró que Censia no tuvo esquemas de planeación y programación de las cantidades de vacuna que se deberían comprar, conforme a las necesidades de los estados.

Además, si bien Censia comprobó que entregó 40 millones 429 mil 840 vacunas a los estados, como parte del programa de vacunación universal, no existe manera de comprobar su destino final y qué cantidad cayó en situación de desperdicio. Tampoco hay coincidencia entre los reportes de Censia y los de los servicios estatales de salud respecto de las dosis administradas a la población y las vacunas ociosas –para solicitar la devolución y reasignarlas–, ni se conoce la cobertura real alcanzada, afirma la ASF.

Censia reconoció que las unidades de salud le reportan las dosis aplicadas, sin señalar si recibieron los biológicos ese año o en anteriores. Asimismo, admitió que su sistema de información no registra la sustancia perdida. En una verificación física al Instituto de Salud de Chiapas, la ASF encontró que estaban pendientes de distribuir a las jurisdicciones sanitarias 10 mil 800 vacunas contra el virus del papiloma humano, las cuales no se aplicaron porque se utilizaron las provenientes del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

La ASF señaló el riesgo de que los biológicos permanezcan almacenados más de seis meses y pierdan paulatinamente su potencia. Además encontró que las unidades médicas desconocen los datos sobre los lotes de las vacunas que les son entregadas, lo que impide su seguimiento y la identificación de posibles eventos adversos.