El gobierno federal no sólo descalifica el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que persiste en la estrategia de impedir que el grupo de expertos lleve a cabo su tarea como coadyuvante en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, denunciaron legisladores y dirigentes del PRD.

Los senadores Alejandro Encinas y Dolores Padierna resaltaron que al descalificar el informe de la CIDH el gobierno mexicano no sólo elude su responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, sino que está incurriendo en una grave omisión, al restar importancia a los señalamientos de organismos internacionales que dan cuenta del ambiente de zozobra e intimidación en que viven los mexicanos.

Integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, recalcó que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en descalificar también a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH porque no quiere que salga a la luz pública la responsabilidad de los militares en los hechos de Iguala, del 26 de septiembre, en que sufrieron desaparición forzada los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La senadora Padierna mencionó que el problema más grave de nuestro país se llama impunidad, sobre todo con los crímenes que comete el Estado. En este sentido, resaltó las conclusiones del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son demoledoras. Es evidente, claro y demostrado que el Estado es el principal responsable de la desaparición forzada en México y tendríamos que buscar canales para que esa investigación llegue a sancionar a los responsables.

A su vez, Paloma Castañón, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, dijo que el informe de la CIDH subraya la impunidad con que actúan las fuerzas armadas y de seguridad pública, en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los jóvenes de Tierra Blanca, las masacres de civiles en Tlatlaya, Guerrero y Tanhuato, así como las fosas comunes de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.