Puerto Vallarta, Jal.

El ayuntamiento de este puerto turístico enfrenta un total de 915 juicios, de éstos 527 son laborales y los restantes penales y administrativos, por los que la alcaldía deberá erogar poco más de 600 millones de pesos, declaró el presidente municipal Arturo Dávalos Peña.

Algunos litigios datan desde 1997, pero la mayoría se acumularon en las tres últimas administraciones municipales de los priístas Javier Bravo Carbajal y Salvador González Reséndiz, así como la del ex alcalde por Movimiento Ciudadano (MC), Ramón Demetrio Guerrero.

En todo este tiempo, los ediles dieron largas a los juicios para heredarlos a la siguiente administración. Actualmente rebotaron en el gobierno de Arturo Dávalos de MC, quien decidió ampararse desde que asumió el cargo, hace cuatro meses.

Incluso, durante los tres años del gobierno de Ramón Demetrio Guerrero (2012-2015), el pleno del cabildo le aprobó cien millones de pesos sólo para pagar laudos; sin embargo, el entonces alcalde nunca entregó cuentas pese a que los regidores se lo exigieron.

El caso de 20 trabajadores que demandaron al ayuntamiento panista en 1999 y ganaron, se arreglaba con 900 mil pesos; hoy día se deben cerca de 30 millones. Cada mes que el municipio no paga, pierde 200 mil pesos en intereses.

Ramón Demetrio reiteró varias veces que no pagaría laudos, pues esos recursos serían destinados a obra pública. En cierta ocasión regaló cemento y láminas en las colonias más necesitadas; regidores de oposición lo acusaron de desviarlos para su campaña de diputado local.

El alcalde Arturo Dávalos Peña explicó que los juicios son viejos, y han rebotado en su administración. Es algo delicado porque el ayuntamiento no tiene recursos. Estamos negociando con los abogados y con los que entablaron las demandas.

Indicó que hicieron un diagnóstico de la situación jurídica del ayuntamiento vallartense, y lo encontraron alarmante, pues no tenemos dinero para enfrentar cada uno de los juicios.

Agregó que existen otros que ya están en sentencia ejecutoria por magistrados, y tenemos que pagar a fuerza, de lo contrario, van contra nosotros. Yo estoy amparado desde que se inició la administración y el tesorero también por juicios que datan de muchos años.

Finalmente sostuvo que se tiene que cumplir con las sentencias que los jueces han dictaminado; no obstante, no dejarán de prestar ningún servicio público en la ciudad, como ocurrió los tres primeros meses con la recolección de basura por la falta de pago a la concesionaria Proactiva.