El Instituto Nacional Electoral (INE) analizará si le conviene rescindir el contrato por 935.4 millones de pesos para el arrendamiento de mil 96 vehículos, el cual significa pagar el doble que si los hubiera comprado.

Sin embargo, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) advierte que implica liquidar todos los vehículos y no hay dinero para ello.

Bogart Montiel, titular de la DEA, explicó que el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, pidió que le informe cuáles fueron los elementos considerados para el estudio hecho por la contraloría. Me dará fecha para reunirnos y analizarlo.

La contraloría, a cargo de Gregorio Guerrero, determinó que aun si el INE hubieran adquirido unidad por unidad, no al mayoreo, habría gastado 50 por ciento menos.

En 2015, cuando el órgano electoral suscribió uno de sus contratos más cuantiosos con la empresa Jet Van Car Rental, generó polémica al conocerse que equivalía a pagar 853 mil pesos en promedio por cada vehículo durante cuatro años, cuyos montos en el mercado eran de la mitad o menos, como publicó La Jornada el pasdo 28 de febrero.

Entre los vehículos pactados en el contrato estaban 631 pick ups Mitsubishi y otros sedanes Aveo y Elantra, destinados a las juntas distritales para tareas en campo. Mientras 22 camionetas Jeep Sherokee eran para funcionarios de alto nivel y 12 camionetas Dodge Durango para consejeros.

En el tema del contrato, planteó que primero analizarán si fue conveniente y, en su caso, los dos escenarios posibles para resolver el tema. Uno de ellos es la cancelación, que sólo procede cuando el proveedor incurre en faltas, y la otra es la terminación anticipada o cláusula del príncipe.

La ley permite a todos los órganos públicos lo que se denomina la cláusula del príncipe, que quiere decir que el Estado puede rescindir en cualquier momento, y debe pagar los gastos no recuperables, que en este caso significan liquidar al arrendador todos los coches que compró.

Comentó que el informe habla de grandes porcentajes de posible distancia entre el precio de renta y de adquisición y, por tanto, buscarán conocer los mecanismos de cálculo que tuvo a la mano la Contraloría.

Argumentó en defensa del INE que con dicho contrato aprovechó un costo de oportunidad, es decir, el instituto no tenía dinero para comprar casi mil autos estando en pleno proceso electoral, y con los 157 millones de pesos que erogó en 2015 hubiera adquirido la cuarta parte.

Es como si usas un taxi todos los días porque no tienes vehículo, y a la vuelta de cuatro años te preguntas cuánto has gastado en usar el taxi, y dices: ya gasté más que si hubiera comprado el auto. Pero en el día uno no tenías dinero para eso, expresó Montiel.

Planteó que su antecesor (Román Torres Huato) sólo proyectó 157 millones para 2015, y como este es un contrato plurianual implica cubrir la cantidad de 935.4 millones de pesos en cuatro años, o sea, de 2015 a 2018.

Para determinar si fue oneroso este contrato, insistió en que necesita tener acceso a la metodología del cálculo hecho por la Contraloría General, porque de los dos párrafos que citaban no se alcanza a obtener cómo se calcula ese 53 por ciento.