Sólo una quinta parte de indígenas son derechohabientes de los dos grandes institutos de seguridad social del país, y cuando asisten a consulta médica son discriminados por sus creencias ancestrales sobre el tratamiento de enfermedades, además de que su acceso a los servicios es limitado, afirmó ayer Patricia Rea Ángeles, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los derechos a la salud, educación, justicia y vivienda de esa población siguen siendo violados por el Estado mexicano y por la sociedad, a pesar de que existen leyes y convenios internacionales que lo prohíben, señalaron Rea Ángeles y funcionarios que participaron en el Congreso de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas efectuado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El año pasado, más de 25 millones 694 mil mexicanos se consideraron parte de alguna etnia, casi 10 millones más que en 2010, según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este incremento se debió al cambio de pregunta, consideró Rea. De acuerdo con su cultura, ¿se considera indígena?, remplazó al cuestionamiento: ¿Es nahua, mixteco, zapoteco o de otro grupo indígena?

La discriminación que viven a diario en las instituciones del gobierno y en la sociedad provocan que se nieguen a sí mismos; por tanto, las cifras del Inegi no son certeras. Y con esa falsa información se aprueban los presupuestos que terminan favoreciendo a otras personas, agregó Evangelina Hernández Duarte, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México.

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón son las delegaciones donde se ubica el mayor número de pueblos originarios. Sin embargo, se desconoce cuántos indígenas de otros estados residen en la ciudad.