El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, ratificó ayer la inconformidad del gobierno mexicano con algunos aspectos del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se denuncia la ‘‘aparente colusión’’ del Estado con el crimen organizado en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala.

De manera particular, el funcionario dijo que no están de acuerdo con el diagnóstico que hace la comisión sobre los problemas y retos en esta materia, y tampoco con la metodología que utilizó para elaborar el reporte. ‘‘La verdad es que pensamos que tienen deficiencias importantes’’, subrayó.

Muestra de ello es que el documento se refiere a cosas que ocurrieron hace 25 o 15 años, pero eso no está bien determinado. Los informes tienen una periodicidad, añadió en entrevista, luego de participar en la presentación del Informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Ruiz Cabañas rechazó que México viva una crisis generalizada en materia de derechos humanos. El país tiene retos, pero ‘‘los estamos enfrentando con mucha voluntad y claridad’’, puntualizó, al destacar que muchas de esas cosas sí las reconoce el reporte de la CIDH.

Por lo demás, expuso que diversas recomendaciones de la comisión ya son parte de políticas de gobierno. Por ejemplo, el organismo propone la elaboración de una ley contra la tortura. El jefe del Ejecutivo ya envió al Congreso una iniciativa sobre el tema.

El funcionario negó por otra parte que se haya cancelado la visita a territorio nacional del relator para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michel Forst. Explicó que el especialista había expresado su deseo de venir, pero nunca hubo una comunicación oficial de las partes. Él ‘‘puede venir cuando quiera... y por supuesto que lo recibiremos’’, dijo.