El encarcelamiento de mujeres acusadas de ilícitos vinculados con las drogas paradójicamente aumenta la probabilidad de que quienes están a su cargo consuman o trafiquen esas sustancias. Y aunque rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad, en América Latina están siendo recluidas a un ritmo alarmante: en 2015 había 51 por ciento más presas que en 2000 por delitos relacionados al narcotráfico, mientras que sólo hay 20 por ciento más hombres en prisión por el mismo motivo.

En la Guía para la reforma de políticas en América Latina, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) expone que en ningún caso las acusadas por crímenes de drogas no violentos deben ir a la cárcel. Pero en México 80 por ciento de las reclusas en penales federales están sentenciadas por delitos contra la salud, la mayoría son madres, no tienen antecedentes penales y no portaban armas al ser detenidas, de acuerdo con una declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del pasado martes.

Las condenas de cárcel para combatir las drogas afectan desproporcionadamente a las mujeres, con sentencias extremadamente largas, a pesar de que sus tareas son de bajo nivel pero de alto riesgo, como distribuir o transportar estupefacientes a pequeña escala, indica la CIM de la Organización de Estados Americanos.

Señala que las mujeres incurren en ese ilícito para salir de la pobreza o por presión de su pareja o de un familiar. Sin embargo, apresarlas empeora su situación, pues será difícil que encuentren un empleo legal cuando recuperen la libertad, además de que la sociedad las ve peor que a los varones.

Dado que las mujeres siguen al cuidado de otras personas, quienes dependen de ellas quedan expuestas al abandono y la marginalidad, y los hace vulnerables al mundo de la droga. Varias han sido víctimas de violencia, abuso y explotación sexual comercial, y al aplicarles la ley son discriminadas por ser mujeres, pero las indígenas, afrodescendientes y gays lo son más, advierte la guía. Cuando las apresan, son fácilmente remplazadas, por lo cual no disminuye el narcotráfico, la inseguridad, la violencia ni la corrupción.

La CIM recomienda a los gobiernos descriminalizar el uso, portación y cultivo de drogas para consumo personal y asignar más recursos a los servicios de salud. Propone que se otorguen indultos o amnistías –o el equivalente, según el sistema penal– a mujeres embarazadas, lactantes o responsables de menores o de otra persona.

Y también, cuando sea posible, que el juez elija la pena más benigna. Para el caso de internas extranjeras, si ellas dan su consentimiento, facilitar que cumplan la sentencia en su país. Que los juzgadores tomen en cuenta la perspectiva de género y los legisladores contemplen el impacto racial en la adopción de nuevas leyes.