n el inmenso historial de barbaridades que se cometen a diario en México ha destacado la de Tierra Blanca contra cinco jóvenes de Playa Vicente, que de fin de semana habían ido a festejar un cumpleaños al puerto de Veracruz y al regreso, el pasado 11 de enero, fueron secuestrados por policías estatales y luego, según ahora se da como virtual verdad oficial, asesinados y sus restos dispersados.

El motivo de tal tragedia, según ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos (vaya broma) de la Secretaría de Gobernación (vaya pretensión), Roberto Campa Cifrián, pinta de fúnebre cuerpo entero lo que sucede en este infierno disfrazado de país. Cinco jóvenes viajando en un mismo automóvil, fuertes, tal vez insensatamente contentos con la vida, le parecieron sospechosos al verdadero gobierno de la República, es decir, a los portadores de insignias de poder civil que en contubernio con el dominante crimen políticamente organizado deciden vida o muerte, libertad o cárcel, normalidad o dolor extremo, paz u horror. Es una de las partes más duras, más terribles, reconoció Campa al ser entrevistado por Adela Micha en un noticiero de radio de Grupo Imagen, pues el automóvil donde viajaban los cinco jóvenes traía placas del Distrito Federal y les parecieron sospechosos a los policías-capos-políticos-empresarios-gobernantes que deciden la suerte de los mexicanos en cada localidad y en la nación entera.

La cruda confesión de inviabilidad institucional hizo reflexionar al subsecretario Campa, en particular respecto de la importancia de que los criminales (es decir, los otros) desechen la suposición de que desaparecer a sus víctimas significa desaparecer el delito. Esta convicción, añadió el filosofal subsecretario, deriva precisamente de la situación de impunidad, porque en otras ocasiones han desaparecido personas y no ha ocurrido nada. ¿Se refería el profundo subsecretario Campa a Jesús Murillo Karam, la verdad histórica y Ayotzinapa? Sí, pero no desde ese ángulo, pues exhortó a llegar al fondo en los casos Ayotzinapa y Tierra Blanca y hacer el mayor esfuerzo para concluir la investigación y sancionar a todos los responsables. No, pues sí.

En ese duro esfuerzo por aparentar que algo importante se hace contra lo que a fin de cuentas no se combate ni extermina porque forma parte sustancial de la conformación actual de los poderes en México, el propio Enrique Peña Nieto había presionado el lunes para que se apruebe el mando único policiaco en cada una de las entidades del país. El exhorto fue enviado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Los Pinos al Poder Legislativo, para que se avance en el tema que, a fin de cuentas, no es más que un juego más de apariencias con el que se simulan atención y soluciones al cáncer institucional que mezcla financiamientos electorales, corrupción extrema desde los poderes públicos, salvajismo de los cárteles impunes y una guerra por el control del mercado del crimen desde filas policiacas, militares y políticas.

Los jóvenes de Playa Vicente, sospechosos como lo somos todos en México, fueron interrogados, golpeados, privados de la vida y desaparecidos, según la relatoría de Campa, quien en otra parte de sus declaraciones sintetizó los hechos al decir que los cinco fueron quemados, molidos y sus restos tirados al río. No deja de haber un guiño hacia el caso de Iguala en las declaraciones presuntamente hechas con autenticidad por un octavo policía veracruzano detenido. En Tierra Blanca se estaría confirmando el método extendido de incineración de cuerpos y dispersión en ríos de lo que de ellos quedara. Así fue en Tierra Blanca como así debería haber sido en Cocula, sería el mensaje desprendible de las palabras del policía que, como en casi todos los casos similares sabidos en México, son absolutamente susceptibles de acomodo (por la buena o por la mala) al gusto del cliente, que es quien tiene el mando.

Pero, por sí misma, esa confesión de parte releva la necesidad de dar prueba de que el actual es un Estado en desahucio. No solamente es asunto del gobernador de la entidad, Javier Muerte, ni de los operativos del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, o los crucifijos de la televisiva procuradora Arely Gómez o los discursos de Osorio Chong o Peña Nieto. El Estado mexicano está quemado, molido y sus restos tirados por doquier.

Astillas

Las desgracias no vienen solas. Al declive nacional se ha sumado la infamante caída de Carlos Slim Helú, quien en esta ocasión ha dejado los lugares preponderantes de la riqueza mundial (pasó del segundo al cuarto lugar, según Forbes), en un seco golpe al orgullo de esta patria poblada de decenas de millones de personas en situación de pobreza en diversos grados pero bendecida con la aparición, de entre sus desigualdades e injusticias, de un multimillonario de primerísimos niveles. No estaría mal convocar a un Carlotón o promover alguna otra medida de solidaridad y apoyo al demeritado multimillonario emblemático…

En Michoacán se ha anunciado que habrá una muy fuerte sanción contra el responsable de que un helicóptero del gobierno estatal hubiera sido utilizado para transportar a la televisiva Belinda durante la visita del papa Francisco. ¿Se castigará a Silvano Aureoles (gobernador enamoradizo, según su compañero de partido, el senador Barbosa), quien se fotografió con gusto con la mencionada Belinda? No. El presunto responsable de tomar esas decisiones es un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado…

Ya tomó posesión al frente de la Profeco el mexiquense Ernesto Nemer, quien ganó fama en semanas anteriores al tomarse, siendo subsecretario de Sedesol, una foto con el niño bolero que siempre le lustra el calzado cuando va a San Cristóbal de Las Casas…

Y, mientras Hillary Clinton y Donald Trump avanzan en el proceso de sus postulaciones, ¡hasta mañana!

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