La reforma constitucional del 11 de junio de 2011 obligó a todas las autoridades del país a respetar y reconocer los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México, y estableció que los jueces tienen la obligación de aplicar un principio de interpretación de normas jurídicas conocido como pro persona o pro homine.

Sin embargo, en los hechos, la mayoría de los juzgadores sigue optando por impartir justicia aplicando únicamente la Carta Magna y sus leyes secundarias, sin estudiar el catálogo de derechos humanos previstos en el derecho internacional.

Cifras estadísticas oficiales recabadas por el Poder Judicial Federal, a las que tuvo acceso La Jornada, indican que tan sólo en 2015 se interpusieron en todo el país 7 mil 350 recursos de revisión en litigios de todas las materias (amparo, penal, ambiental, civil, laboral, administrativa, agraria y mercantil, entre otras), de los cuales 93 por ciento derivaron de la inconformidad de los litigantes con alguna resolución de primera instancia, debido a que los juzgadores no acataron su obligación constitucional (prevista en el artículo primero de la Carta Magna) de hacer un análisis y búsqueda de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de garantías fundamentales.

Según abogados consultados, la mayoría de los jueces del ámbito federal no respetan el catálogo de derechos fundamentales incluidos en tratados internacionales y que no están previstos en la Constitución Mexicana, lo que técnicamente se conoce como obligación de los jueces de aplicar la cláusula de interpretación conforme y el principio de convencionalidad de leyes.

Dijeron que si en el ámbito de la justicia federal los jueces no estudian los tratados internacionales, en el fuero común está peor la problemática, ya que la mayoría de los impartidores de justicia se queda con la aplicación estricta de los códigos locales, y son pocos los juzgadores que siquiera conocen los tratados internacionales.

Es una vergüenza nacional que la mayoría de nuestros jueces federales no apliquen los criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); muy probablemente ni siquiera la conozcan, dijo el abogado Eduardo Ferrer, conocedor del derecho internacional sobre derechos humanos.

Martín Millán, otro abogado mexicano con amplia experiencia en materia de derechos humanos, refirió que es muy probable que de seguir está tendencia, en cosa de un lustro la CIDH estará emitiendo un sinnúmero de nuevas sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, ante la falta de cumplimiento de nuestros jueces de su obligación de respetar los derechos humanos.

En junio de 211 se emitió una reforma a varios artículos de la Carta Magna que obliga a las autoridades de todos los niveles a respetar los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México.

Dicha reforma amplió notablemente los temas que pueden ser sometidos a consideración de los jueces y obliga a los litigantes y a los operadores de justicia a familiarizarse con decenas de tratados que generan derechos para las personas físicas y morales.