ste gobierno ha estado marcado por el aumento y, después, la caída de los ingresos públicos. Estos movimientos se asocian primero con la reforma fiscal, que elevó la recaudación de contribuciones (renta, impuesto al valor agregado, seguridad social, fijación de precios públicos), y luego con la estrepitosa caída del precio del petróleo.

La reacción ha llevado a contraer repetidamente el gasto. No hay fondo de contingencia mínimo y capaz de resistir los golpes contra el fisco. Los efectos son usualmente de tipo radical. Ningún dinero es suficiente como amortiguador de los choques: ni la recaudación, ni el barril de petróleo a 100 dólares.

Además la vulnerabilidad fiscal crece con el aumento de la deuda pública, que hoy representa 45.7 por ciento del producto que se genera en el país. Desde el comienzo de esta administración creció en 10 puntos porcentuales. La tendencia no se frena y tiende a ser mayor el ritmo de crecimiento de la deuda.

Los ajustes presupuestales, enmarcados ahora por sucesivos recortes al gasto y la deuda más abultada, a los que hay que agregar la fuerte depreciación del peso frente al dólar, son factores que cuestionan frontalmente la afirmación de que todavía se mantiene la estabilidad macroeconómica. Ese ya no es el caso, y la inestabilidad tiene viso de agravarse.

Pemex ha sido llevada al límite de su capacidad productiva y financiera. Se dice que es una empresa viable a largo plazo. Pero no hay claridad acerca de cómo se llega a ese momento y, menos aun, cuándo. Los impuestos no pueden bajarse y políticamente no se pueden subir.

El peso padece las condiciones del comercio exterior, de los movimientos de capitales provocados por las economías más desarrolladas y el impacto adverso que proviene de la crisis en China. También se resiente por su papel en las transacciones internacionales de divisas.

El peso es una de las monedas más demandadas para hacer coberturas financieras de riesgo, especialmente con el dólar. Cuando el tipo de cambio era estable, el peso se demandaba en los mercados y sostenía su valor. Pero ahora, con la caída del precio del petróleo, ofrece menos garantías y los negociantes de divisas ( traders) en los grandes bancos lo venden, reforzando su depreciación. A mediados del año pasado se negociaba en un volumen diario de alrededor de 135 mil millones de pesos en los mercados de divisas. Entonces ya se había iniciado el proceso de devaluación de la moneda.

Los recortes al gasto ponen en evidencia la gestión de los recursos públicos en cuanto a monto, asignación y, asunto muy relevante, eficacia. Las evaluaciones que se hacen periódicamente del gasto en materia de combate contra el hambre, la reforma educativa, los servicios de salud y demás son claros en cuanto al reducido impacto del uso de los recursos públicos.

El gasto público exige una fuerte capacidad institucional para definirlo, revisarlo, auditarlo y darle cauce que tienda a la eficiencia. El hecho mismo del sube y baja del gasto exhibe las carencias institucionales, la discrecionalidad de quienes lo ejecutan y el proceso administrativo y político de rendir las cuentas. Esto se expresa en la función del gobierno como gestor de los recursos públicos y aparece como cualidad cuestionable y con alto costo social y económico.

Cuando el gobierno gasta ha de cumplir una función de equilibrio entre grupos sociales que son muy diferenciados, territorios desiguales, proyectos de inversión con resultados esperados que exigen criterios técnicos, administrativos y políticos muy exigentes y verificables.

La capacidad de crecimiento del empleo y la producción, que finalmente se manifiestan en mayor bienestar, no está engarzada de modo necesario ni suficiente con la gestión de los recursos públicos de los que se apropia el gobierno. Dicha capacidad depende, en última instancia, de la manera en que las personas y las familias tienen acceso a un ingreso constante y que rebase el nivel raquítico que predomina en gran parte de la población.

El empleo formal que se crea en el país es, desde hace mucho tiempo, insuficiente en número para integrar a la población que llega al mercado de trabajo y a los que van perdiendo el empleo. También lo es en cuanto a la calidad del empleo y al ingreso que reciben los trabajadores. La informalidad sigue prevaleciendo en la economía. El ahorro voluntario es prácticamente inexistente en el sistema de pensiones. No puede ser de otra manera.

La relación entre ingreso y gasto del gobierno genera grandes distorsiones en la asignación y uso de los recursos. Esto restringe el aumento de la productividad y lleva a una disociación con la capacidad de generar ingresos para la gente.

La política fiscal es un instrumento potencial de estímulo económico, pero puede ser, igualmente, un medio de represión. Los problemas sociales asociados con la pobreza y la desigualdad pueden atemperarse con el gasto público. La dinámica de creación de ingresos por la vía del empleo no debe ser residuo de la gestión de los recursos públicos, sino su principal objetivo. Y el gobierno no es omnipotente.