n conjunto de organizaciones civiles y sociales, con experiencias de incidencia en el país y en el anterior Distrito Federal (DF), entre las cuales se encuentran sindicatos y algunas centrales campesinas independientes, se han venido reuniendo con el fin de elaborar propuestas para una constitución progresista, incluyente y actualizada, que esté a la altura de la nueva Ciudad de México. Para varias de ellas no se trata de empezar a trabajar de cero, pues a partir de 2013 han estado activas a propósito de la reforma política del DF, y desde entonces habían calculado y reflexionado sobre la posibilidad de participar en la elaboración de una constitución social y democrática para la capital.

Luego de varias asambleas plenarias y mesas particulares de trabajo, han llegado a consensuar para su discusión los siguientes temas genéricos prioritarios, que me parece importante comenzar a dar a conocer a la opinión pública, con el fin de difundir las exigencias de un sector significativo de nuestra sociedad.

Derechos humanos: Centralidad de los derechos en la arquitectura de la constitución, lo que implica que éstos deben ser criterios tanto para el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de las acciones públicas en la ciudad, como para que todos los derechos puedan ser exigibles y justiciables individual y colectivamente. Así, las violaciones de derechos humanos tendrán que ser siempre investigadas y garantizar su reparación. El principio pro persona no debe contener restricciones, y la planeación presupuestal debe realizarse conforme a los principios de universalidad y progresividad de los derechos, atendiendo a que el agua y otros bienes naturales tienen naturaleza social y cultural, antes que económica.

Democracia participativa: La garantía de los derechos se hace efectiva cuando es la propia sociedad la que interviene en la legislación y políticas que los realizan. Esto demanda que se garantice el derecho a la participación ciudadana en dos dimensiones. Primero de manera directa en las decisiones, por conducto de instituciones políticas como el plebiscito, el referendo, la iniciativa legal ciudadana, la ratificación del mandato o su revocación. Por otro lado está la intervención ciudadana de manera habitual en todo el ciclo de políticas públicas, debiendo tener las personas siempre oportunidades razonables de influir en la toma de decisiones, así como de conocer los motivos y consideraciones que sustentan la resolución final.

Diversidad: Hablar de derechos y participación implica considerar toda la diversidad de nuestra sociedad. De preferencia sexual, orientación e identidad de género; de edades y de culturas, atendiendo en esto particularmente los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes en la ciudad, mismos que deberán estar asegurados mediante normas y políticas de reconocimiento.

Desarrollo: Con sus diversas implicaciones, la centralidad del trabajo y el desarrollo social deben ser condiciones para el despliegue de las capacidades de las personas de manera autónoma y solidaria. Un desarrollo económico como condición para la realización de las metas colectivas y un desarrollo urbano que propicie una visión de ciudad integrada, con perspectiva metropolitana. Todos estos desarrollos deberán estar orientados por la garantía de los derechos, alcanzándola de manera progresiva, mediante la utilización al máximo de las posibilidades de los recursos públicos, y dotando a las instituciones públicas de facultades para intervenir cuando los derechos humanos se vean afectados por particulares, para cumplir con la obligación estatal de protegerlos, y para que los espacios y bienes públicos de la ciudad sean utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental.

Seguridad humana: Es necesario que la constitución incorpore esta noción para favorecer el cambio de un enfoque criminal de la seguridad, y para que se avance hacia una forma de relación en la que todas las personas tengan capacidad de tomar parte en el desarrollo, especialmente para el empoderamiento de los sectores con mayor vulnerabilidad, así como la lucha contra la violencia, la pobreza y la promoción de los derechos humanos. Debe reconocerse que todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización económica, política, social, cultural y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad y la subsidiaridad.

División de poderes y régimen político: Condición fundamental de garantía de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia participativa, lo que implica la relación entre poderes y entre órdenes de gobierno, así como la garantía del derecho humano de acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Se destaca la reforma del sistema de justicia para garantizar su independencia, lo cual incluye la selección de sus titulares, sin intervención del Poder Ejecutivo; la integración en un sistema de las instituciones jurisdiccionales, su independencia presupuestal y el fortalecimiento e independencia de los operadores jurídicos del sistema de justicia. La constitución deberá adoptar medidas concretas orientadas a eliminar la corrupción y sus consecuencias para los derechos humanos.

Organismos autónomos: La constitución deberá garantizar su autonomía e independencia, particularmente mediante procesos de selección transparentes y ciudadanizados, que requieran un alto perfil profesional, conocimiento y compromiso comprobado con los derechos humanos, y la obligación de cumplir con el derecho a la participación y consulta ciudadana en su gestión, además de que se proteja la autonomía presupuestal en el ejercicio de sus funciones.